La dicatadura nicaragüense acusó a la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, una institución educativa de renombre, de "terrorismo" a través del Ministerio Público del país. Esta inusual acusación también conlleva la solicitud de decomiso de bienes pertenecientes a la universidad.

Fuentes confirman que una jueza en Managua emitió el oficio acusatorio y ordenado el decomiso de los bienes materiales y económicos de la institución. El medio digital Divergentes, que cita fuentes judiciales y de la UCA, respalda esta información.

Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica nicaragüense. En la semana anterior, las cuentas bancarias de la UCA, una institución jesuita, fueron congeladas y sus propiedades fueron legalmente inmovilizadas.

Estas medidas extremas se suman a la acusación de terrorismo y reflejan la tensa relación entre el Gobierno y la Iglesia en Nicaragua. Este conflicto institucional también tiene impactos directos en la comunidad educativa y en el tejido social del país.

La UCA confirmó ese mismo lunes de que su bufete jurídico, con 54 años, no estará administrando la mediación como método alterno de resolución de conflictos, pero sí "los demás servicios".

La universidad jesuita, que no se ha pronunciado de forma oficial sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias, la inmovilización de sus propiedades, ni la acusación de la Fiscalía, ha dicho que "continúa desarrollando todas sus actividades académicas normalmente y de acuerdo a su planificación".

"Nos encontramos realizando gestiones a fin de regularizar nuestro funcionamiento administrativo, que tal y como se informó, está siendo afectado por dificultades para realizar operaciones en el sistema bancario", señaló ese centro de estudios la semana pasada.

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EFE en Tegucigalpa

Persecución académica

Este no es el primer episodio en el cual la UCA se ha visto envuelta en conflictos con el Gobierno. Desde 2018, la universidad ha estado bajo escrutinio y enfrentando medidas gubernamentales restrictivas. En marzo de 2022, las autoridades excluyeron a la UCA del 6% de asignación constitucional que reciben las universidades anualmente.

En septiembre de ese mismo año, prohibieron la entrada al país al vicerrector Jorge Huete, después de su viaje de trabajo a Argentina. Además, el exrector José Alberto Idiáquez también se vio afectado cuando no pudo regresar al país en julio de 2022, tras un viaje a México por razones de salud.

La Universidad Centroamericana ha sido una fuerza prominente en las actividades sociales y políticas de Nicaragua. Durante la crisis que ha afectado al país desde abril de 2018, la UCA ha sido un espacio para marchas y actividades en contra del Gobierno de Ortega.

En 2018, la institución brindó refugio a estudiantes que participaron en manifestaciones opositoras. Asimismo, ha contribuido a la memoria histórica y a la conciencia social al albergar exposiciones como "Ama y no Olvida: Museo de la Memoria contra la Impunidad".