Los ronderos de Perú, de autodefensa a secuestradores de periodistas
El plagio de un equipo de América TV reabre el debate sobre estos grupos, que están legalizados pero que, a menudo, olvidan que su función es auxiliar, no impartir justicia
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La Ronda campesina es un movimiento que nació en 1976 y ya ha sido reconocido en la constitución de Perú.
La Ronda campesina es el nombre con el que nacieron en Perú, a partir de 1976, decenas de grupos de defensa comunitaria rural, cuyo principal objetivo era poner fin al robo de ganado y asalto a personas en el campo. Con ese objetivo patrullan senderos, caminos, pastizales y campos. Pero esta semana, esos grupos han sido duramente cuestionados por privar de la libertad a un equipo de periodistas de la cadena América TV que investiga un presunto caso de corrupción que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo Terrones.
Para dejarlos libres, los obligaron a leer un comunicado en vivo en que declaraban que, supuestamente, no existe tal corrupción, en una clara defensa partidista del presidente Castillo, que ganó las elecciones en 2021 gracias al apoyo rural.
Tras estos hechos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un contundente comunicado en rechazo al secuestro, pero también se ha reabierto la polémica sobre la legalidad o no de la operación de esos cuerpos de vigilantes, comparables a las conocidas como “autodefensas” en México.
La SIP condenó el secuestro y el acto extorsivo en contra de periodista Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor de América TV, quienes fueron interceptados el miércoles 6 de julio y amenazados por presuntos miembros de organizaciones rurales de autodefensa o ronderos.
El periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdivieso permanecieron retenidos por ronderos hasta transmitir un mensaje.
La SIP pidió al gobierno de Perú investigar, señalar a los culpables y llevarlos ante la Justicia para evitar que estos actos se repitan y queden en la impunidad.
El equipo de periodistas realizaba su trabajo en la comunidad de Chadín, en el departamento de Cajamarca, para recabar información sobre un caso que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente, por presunto tráfico de influencias, derivado de ofrecer servicios de una compañía privada para realizar obras en comunidades.
El pronunciamiento que los ronderos obligaron a los reporteros a leer denunciaba la "imputación falsa" contra Paredes. El equipo fue liberado, pero les retuvieron la cámara y los celulares.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, repudiaron el secuestro y la extorsión contra los periodistas por parte de grupos que quieren hacer justicia por manos propias.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El mismo día que ocurrió el secestro, el presidente Castillo criticó el uso de la fuerza para retener a periodistas, aunque no tocó el tema de la investigación que realizaban los informadores:
“Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho”, publicó el presidente peruano en su cuenta verificada de Twitter. Luego añadió: “Exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”.
Pese a la contundencia de Castillo, los días siguientes otros miembros del gobierno hicieron comentarios enfocados a defender a los ronderos y a pedir a los periodistas más respeto para estas comunidades. Tampoco en esos casos de habló del caso que investigaban los periodistas.
Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, comentó acerca de la retención de dos periodistas que las personas deben respetar a las juntas rendiles y su “lógica concesionaria de seguridad”.
“Hay mucho que hacer todavía, pero respetemos a nuestras rondas campesinas, que son un patrimonio importante y desde acá saludo y respeto a todas las rondas campesinas, cajamarquinas y de todo el Perú”, expresó el ministro el sábado.
PERSONALIDAD JURÍDICA
Los ronderos no son grupos paramilitares o clandestinos; surgieron como una respuesta a la carencia de protección estatal de los derechos de las personas de la zona rural y su actividad está regulada por la Ley 27908 y su reglamento. Ahí se les reconoce el derecho a participar de la vida política del país, capacidad conciliatoria, y apoyo a la administración de justicia en general.
Los grupos de ronderos tienen por características principales el ser organizaciones autónomas, diseñadas para la protección de derechos en tiempos de paz, e impera principios democráticos en su funcionamiento. Durante los años 80s este tipo de organizaciones se extendieron en todo el territorio peruano y se llegaron a involucrar en la lucha antiterrorista. Desde esos años han surgido algunos señalamientos de abusos, incluyendo linchamientos de gente que no fue llevada a un juicio en tribunales.
En su tesis de Mágister en Derecho, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el abogado Luis Enrique Valdivia Calderón, explica que las rondas están asociadas a la naturaleza multicultural de la sociedad peruana y como respuesta de muchas comunidades rurales a la marginación, en cuanto a acceso rápido a la justicia:
“Se trata de una institución fundamental en la organización y el funcionamiento de muchas comunidades campesinas en nuestro País en la lucha contra la delincuencia común y una Justicia eficiente. Ante la ausencia o presencia precaria del Estado en sus zonas, algunas veces cumplen funciones de interlocución con éste, pero casi siempre parece existir un recelo traducido en intervenciones para la aplicación de Justicia al interior de la comunidad. Pero también representa para la comunidad campesina la garantía de la seguridad, de la paz, así como la promoción del desarrollo comunal. Así las Rondas Campesinas cuentan con el reconocimiento formal, así tenemos la mención expresa al concepto Ronda Campesina, contenida en el Artículo 149 de la Constitución Política de 1993”, escribió Valdivia Calderón.
El problema, relata el mismo especialista en ciencias penales, es que el conflicto entre la justicia comunal y la penal surge cuando los ronderos, o Ronda campesina, olvidan que son auxiliares y no son propiamente los impartidores de la justicia final:
“La problemática inicial se reflejaría en el hecho de que el artículo 149 de la Constitución Política establece que las Rondas campesinas cumplen funciones de apoyo a la Jurisdicción especial a través de los Jueces de Paz no letrados y no propiamente de hacer Justicia. Es así que durante las intervenciones ronderiles eventualmente pueden violarse derechos humanos de los intervenidos por cometer actos contrarios a la Comunidad, así como pueden cometerse ilícitos penales dentro de la perspectiva de la Justicia Formal, es así que se registran problemas con los órganos de Justicia y sus auxiliares”, advierte el abogado.
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- Castillo: ¿Rondero, sí o no?
Durante su campaña electoral, de 2021, el actual presidente Pedro Castillo aseguró ante el público que se desempeñó como rondero en su natal Cajamarca. En diciembre de ese mismo año, Valentín Sánchez Mestanza, presidente de la Confederación de Rondas Campesinas Rurales y Nativas del Perú, señaló que Castillo no es realmente un rondero.
Sánchez indicó que existe una organización, la llamada Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), que es “utilizada políticamente” y sería una aliada del Gobierno de Castillo.