La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó un decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Esta modificación busca definir de manera más clara y precisa los casos en los que esta medida podrá ser aplicada, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia penal y garantizar la seguridad pública.

Detalles de la reforma

La reforma establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar la comparecencia del imputado en juicio, el desarrollo de la investigación, y la protección de las víctimas, testigos y la comunidad en general. Además, se especifica que el juez podrá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa en ciertos delitos de gravedad, tales como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.

En particular, se detallan varias categorías de delitos en los cuales la prisión preventiva será aplicada automáticamente, tales como el homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, y delitos relacionados con el uso de armas de fuego, entre otros. Estos delitos, por su naturaleza, son considerados graves y de impacto directo sobre la seguridad de la nación.

Implicaciones legales

Esta reforma también destaca la necesidad de que los órganos del Estado respeten la literalidad de las normas establecidas, prohibiendo cualquier tipo de interpretación extensiva o análoga que pudiera intentar modificar o inaplicar los términos establecidos en la reforma. De este modo, se busca una aplicación más estricta y coherente de las leyes relacionadas con la prisión preventiva oficiosa.

Transición y plazo para implementación

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de entonces, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico relacionado con esta reforma. Además, las legislaturas de los estados deben realizar las modificaciones necesarias para adaptar sus normativas a lo dispuesto por el decreto, dentro de un plazo de un año.

La medida se suma a otras reformas en el sistema de justicia mexicano, con el objetivo de combatir la impunidad.