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El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseveró que en el caso de la desaparición y lamentablemente posterior ejecución de la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández “tuvo que ver con actos delictivos a los que se dedicaba su esposo Alexander”.
“Toda la investigación, las entrevistas, todos los actos de investigación que se hicieron en la zona nos llevan a concluir que el motivo de la desaparición y desafortunadamente la ejecución de ambas personas tuvo que ver con los actos delictivos a los cuales se dedicaba su esposo Alexander eso lo tenemos muy claro”.
En entrevista con Crónica, refirió que la víspera, cuando se hizo público el hallazgo de los dos cuerpos –el pasado jueves en la localidad Unión Progreso Tatahuicapa, municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz-, “fuimos muy contundentes en el sentido de que no teníamos ningún dato objetivo, técnico o científico que vinculara esa situación que en su momento se denunció por el tema de este chat (que denunció la activista), con lo que tiene que ver con la desaparición de Sandra y Alexander”.
El fiscal Rodríguez Alamilla sostuvo que la principal línea de investigación fue esta situación, ya que, abundó “tenemos plenamente comprobado que el esposo (Alexander Hernández) participaba en actividades ilícitas: tráfico de migrantes, tráfico de armas, actos de extorsión”.
Refirió que desde junio del año pasado, el líder de una célula delictiva a la cual pertenecía Alexander fue abatido por autoridades en Veracruz, cuando se intentaba ejecutar una orden de detención, derivado de ese proceso empezó a haber una pelea interna en dicho grupo por el liderazgo, en la cual de alguna manera participó Alexander y otras personas e intervino dicho líder quien fue abatido en enero pasado.
“Lo tenemos identificado como el responsable junto con otros más, del levantamiento de Alexander y Sandra”, dijo.
Sostuvo que hay dos personas detenidas y están por ejecutarse otras órdenes de aprehensión derivado de estos hechos, ya que la responsabilidad de la fiscalía a su cargo tiene que traducirse en no generar actos de impunidad y esto va justamente por detener a las personas a las que no se habían ejecutado orden de aprehensión.
El fiscal rechazó la posibilidad de que la muerte de la activista Sandra Domínguez hubiera tenido relación con una denuncia que hizo de unos chats en los que presuntamente se compartían imágenes de contenido sexual y se promovía la explotación de mujeres indígenas.
Refirió que Sandra había solicitado protección por el tema de las amenazas luego de su denuncia del referido chat, pero fue en el año 2020, en la pasada administración, y las medidas de protección duran 90 días que es el plazo máximo que permite la normatividad, y al término de dicho plazo ya no se tiene registro de que hubiera vuelto a solicitar protección.
En este caso resaltó la estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, así como las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional.
Añadió que la coordinación entre diversas instancias de seguridad, pese a lo lamentable de los hechos reportados, ha permitido disminuir la inseguridad en la entidad oaxaqueña que pasó del lugar 8 al 5 a nivel nacional, lo que coloca a Oaxaca, como una de las cinco entidades más seguras del país, que ha permitido disminuir casi 3000 delitos al año.