Búsqueda
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, acusó a la empresa Arroyo Terminals de lavar al menos 47 millones de dólares provenientes del crimen organizado en México, mediante una red de contrabando de combustibles robados.
La denuncia fue presentada ante la Corte de Distrito de Utah y coloca a la compañía, con sede en el sur de Texas, en el centro de una operación transfronteriza ligada al llamado “huachicol”.
Red de “diésel negro” entre México y Texas
Según los documentos judiciales, el dinero lavado por Arroyo Terminals proviene del contrabando de hidrocarburos robados —en particular, un tipo de combustible conocido en Texas como “diésel negro”— extraído de ductos de Pemex en México.
Este producto, aún sin refinar completamente, era trasladado a territorio estadounidense, donde era procesado y revendido como diésel o gasolina lista para su comercialización.
Las autoridades afirman que “cualquier empresa que suministre petróleo fuera de regulación mexicana sólo puede obtenerlo a través de organizaciones criminales”, y que James Jensen, propietario de Arroyo Terminals, “sabía que los pagos realizados estaban dirigidos a dichas organizaciones”.
La empresa es propiedad de la familia Jensen, integrada por James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell “Max” Sterling y Zachary Golden, originarios de Utah.
Todos ellos fueron arrestados el pasado miércoles y trasladados a Brownsville, Texas. Recuperaron su libertad bajo fianza el viernes, pero deberán comparecer ante la Corte el próximo 29 de abril.
Durante operativos realizados por el FBI en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, las autoridades incautaron unas 20 pipas cargadas con combustible y confiscaron documentos que presuntamente prueban la operación ilícita.
Además, se congelaron cuentas y propiedades de la familia Jensen valuadas en más de 300 mdd, incluyendo una mansión en Sandy, Utah.
Acusaciones por “huachicol fiscal”
La familia enfrenta también un segundo proceso en la Corte de Distrito Sur de Texas, vinculado al llamado “huachicol fiscal”, una práctica que consiste en exportar gasolina a México bajo la declaración de productos de baja calidad, con el objetivo de evadir impuestos aduaneros.
Según el expediente, los pagos del crudo eran dirigidos a empresas mexicanas que operan únicamente con la venia del crimen organizado, lo que profundiza los vínculos entre esta red comercial y las estructuras delictivas que controlan el tráfico de hidrocarburos en el país.
El caso resurge mientras el robo de combustibles ha vuelto a crecer en al menos cinco estados del norte de México, según datos recientes de Pemex. El informe destaca un repunte en el tráfico ilegal, pese a los esfuerzos del Gobierno mexicano por contener esta práctica.
El proceso contra Arroyo Terminals y la familia Jensen podría convertirse en uno de los juicios más emblemáticos sobre el entramado financiero y comercial entre empresarios estadounidenses y el crimen organizado mexicano, en un momento en que la administración Trump ha intensificado su retórica contra el tráfico de drogas, armas y energía desde el sur de la frontera.