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(Primera parte)
Más de 150 personas extraviadas y delirantes, dispuestas a cualquier cosa por saciar su adicción, resentidas con la vida y en un tobogán de autodestrucción. Provienen de la calle, de hospitales y de cárceles. La mayoría permanece encerrada en contra de su voluntad.
Este es el retrato cotidiano de los centros de rehabilitación o anexos, a los cuales se ha dejado a la deriva, sin reglas ni vigilancia.
“En un segundo puede pasar una tragedia. Por eso el gobierno no abre lugares así. Llega un adicto en la locura y lo primero que dice es: ´me sueltas o te mato´. ¿Qué doctor, psicólogo o psiquiatra del gobierno aguantaría una cosa así? Somos una bomba de tiempo”, dijo a Crónica Alejandro Buenrostro, alias El Perro, quien coordina la organización Fuerza Nacional, la cual agrupa 7 mil 520 de estos centros en todo México con la idea de autoregularse, profesionalizar su labor y abandonar las malas prácticas en el tratamiento como golpes, encadenamientos y otros maltratos físicos.
El Perro, originario de Culiacán y hoy de 45 años, comenzó a usar drogas a los nueve años y siguió así hasta los 27. “La droga es un escape por traumas, abusos, complejos y secuelas de familias disfuncionales. Más del 90 por ciento de los usuarios vienen de familias así. No tuve un padre y mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. En el único lugar en el que me ayudaron fue un centro como los que ahora dirijo”, narró.
“Duré dos años en el proceso, primero en contra de mi voluntad, como todos; llegué en un estado mental muy malo, me tuvieron que amarrar tres meses, pero sí pude salir del infierno. Como agradecimiento, comencé a ayudar a los demás y llevo ya casi 17 años dedicándome a esto”.
La etiqueta “bomba de tiempo” no parece una alerta descabellada a la luz de la brutal realidad. Como botón de muestra, este reportero realizó un recuento de incidentes ocurridos durante un mes en centros de rehabilitación del país. El análisis abarcó casos del 24 de marzo al 24 de abril de 2025. Se documentaron al menos 22 episodios violentos relacionados con estos lugares, entre asesinatos, incendios, tiroteos, violaciones, ataques de células armadas, secuestros y reclutamientos forzados.
Los registros abarcaron nueve estados del país: además de Jalisco y Sinaloa, los de mayor incidencia, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila, Baja California y Campeche.
VACÍOS. En México se desconoce de manera oficial cuántos anexos operados por privados hay en el país. Los 7 mil 520 coordinados por Fuerza Nacional, en los cuales se atiende hoy a cerca de 800 mil adictos, representan alrededor del 10 por ciento del total, según cálculos de la propia organización.
“Somos una barrera de contención de la delincuencia. Sin estos centros, el problema de la inseguridad en México se triplicaría. Conforme a los estudios que hemos realizado, por cada anexado estamos previniendo por lo menos tres delitos. Si mandáramos a la calle a toda esta gente, el país colapsaría”, aseguró Buenrostro León.
“Por eso he buscado a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Para qué quieren detener el flujo de armas, para qué quieren aumentar las corporaciones policiales y militares, si no van al fondo del asunto?”.
-¿Cuál es el fondo? -se le pregunta.
-El nivel de adicciones en México. ¿Por qué no voltean la mirada al tratamiento de las personas que ya tienen el problema y que son las que están delinquiendo? Que lo sepa de una vez la presidenta: todos los que andan con la delincuencia organizada son adictos que agarran de nosotros.
-¿Qué necesitarían ustedes del gobierno?
-Que nos legalicen y nos dejen servir, porque las personas que han colocado en los puestos contra las adicciones, como Conasama (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, antes Conadic, la cual en teoría debe vigilar estos centros) no saben ni lo que hacen, tienen un recurso brutal y lo están tirando a la basura. Espectaculares por aquí y por allá, un derroche inservible. ¿Has oído hablar del famoso número de la vida? Jamás contestan. Si hoy una familia va con la autoridad para decirle: ´tengo un hijo, hermano o padre que quiere matar por las drogas´, no tienen ni dónde atenderlo.
Tampoco hay en el país una ley para regular la atención a personas en adicción, pese a lo establecido en artículo 2 de la Constitución, el cual enarbola la obligación del estado “para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones”.
El marco legal se limita a la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, la cual data de 2009. A nivel legislativo ha sido calificada como anacrónica y rebasada. En diversas ocasiones se han emitido exhortos a la Secretaría de Salud para actualizarla e incluir las nuevas sustancias y medicamentos adictivos, como el fentanilo, así como para adaptarla a evidencias científicas y estándares internacionales de diagnóstico, reducción de riesgos y daños, prácticas de atención, coordinación institucional y servicios de prevención, bajo el respeto a derechos humanos y perspectiva de género.
En el último punto de acuerdo sobre el tema, aprobado en abril de 2024 -impulsado por la diputada Nélida Díaz Tejeda-, se indicó: “La situación en el país demanda mayores acciones en esta materia, pues de acuerdo con el Informe Nacional de Adicciones 2019, hay cerca de 11 millones de personas que consumen alguna sustancia ilegal, de las cuales alrededor de 1.8 millones tienen un uso problemático o dependencia. Los datos más recientes muestran un aumento significativo en el consumo”.
Sin embargo, ni siquiera se cuenta con una referencia clara de cuántos adictos en la actualidad hay en el país. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco se realizó hace nueve años, en 2016. Y aunque los gobiernos morenistas -tanto de López Obrador como de Sheinbaum- han hablado de nuevas versiones, los resultados se han ocultado o se desconocen.
“El estado no tiene espacios específicos para tratamiento de adicciones, existen miles y miles de centros que no cuentan con especificaciones básicas para su funcionamiento ni un protocolo común de atención, por lo que es urgente homologar los métodos”, señaló el hoy diputado José Narro Céspedes, quien en 2021 impulsó una ley en la materia.
“Los costos de operatividad son altos, eso impide la atención adecuada. Quienes se someten a un tratamiento no logran costearlo, en su mayoría son personas en situación de pobreza. Es necesario mejorar las condiciones de estos lugares y profesionalizarlos. No hay seguimiento a quienes salen. No existe un método de tratamiento. Miles de mexicanos tienen este problema y la situación se ha intensificado, cada vez vemos a más jóvenes de 16, 14, 12 años, hasta de 10, con adicciones y no hay ninguna institución que les atienda”.
Según El Perro, “la iniciativa de Narro fue bloqueada en el Congreso, porque hay muchos intereses de por medio”.
-¿Cuáles?
-El dinero. El Conasama, aparte de su presupuesto federal, tiene un recurso de las Naciones Unidas. Para que nos dejen operar, sin importar las circunstancias en las que estemos, debemos entregar una lista de las personas que entran cada semana a los centros; con esas listas justifican el presupuesto y los envíos de la ONU. ¿Dónde para ese dinero? Para el control y el tratamiento de las adicciones no es.
-¿Entonces?
-Sabemos que lo desvían para otros fines, lo usan para sus campañas políticas o cuestiones pendejas, pero es un brutal de dinero.
-¿Usan a los centros de rehabilitación que hoy tienen abandonados para hacerse de recursos?
-Desgraciadamente así es, y es una regla: entregas tu lista o te cierro.
-¿A quién le dan ustedes las listas de nuevos adictos?
-A los gobiernos estatales, y ellos se las entregan a Conasama, es una mafia.
Habrá pues de jalar la hebra del dinero…
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HECHOS VIOLENTOS EN UN MES RELACIONADOS CON CENTROS DE REHABILITACIÓN (del 24 de marzo al 24 de abril de 2025)
24 de marzo: raptan a un joven de un centro en Tonalá, Jalisco.
30 de marzo: rescatan a 16 mujeres de un centro en Lomas del Paraíso, Guadalajara.
1 de abril: encuentran muerta a una mujer en un centro de Tulancingo, Hidalgo.
2 de abril: rescatan a 32 personas retenidas -entre ellas algunas reportadas como desaparecidas- de un centro en Zapotlanejo, Jalisco.
3 de abril: se registra un intento de secuestro en un centro de Ensenada, Baja California.
4 de abril: rescatan a un joven violado en un centro de Villas de Guadalupe, en Zapopan (Jal).
7 de abril: asesinan a nueve personas en un centro de Culiacán, Sinaloa.
7 de abril: ejecutan al coordinador de un centro previamente atacado de Culiacán, Sinaloa.
7 de abril: células delictivas liberan a 260 adictos de cinco centros en Culiacán, Sinaloa.
10 de abril: se realiza un cateo en un centro de Campeche, donde se localiza droga y se liberan a 26 personas retenidas.
11 de abril: incendian un auto frente a centro de Culiacán, Sinaloa.
15 de abril: rescatan de manera violenta a un adolescente en un centro de Guadalajara.
16 de abril: encuentran muerta a una mujer en un centro de Monclova, Coahuila.
18 de abril: una célula criminal rapta a un joven en un centro de La Concordia, Sinaloa.
22 de abril: asesinan a un hombre en un centro de Manzanilla de la Paz, Jalisco.
23 de abril: catean un centro en Uruapan, Michoacán, donde detienen a sujeto acusado de violación y abuso sexual.
23 de abril: atacan a balazos a un centro de la colonia Loma Bonita, en Querétaro.
23 de abril: incendian un centro en León, Guanajuato, con saldo de un adicto lesionado por quemaduras.