Endurece Senado sanciones contra tráfico de armas; hasta 45 años de prisión por introducirlas al país

El Pleno del Senado aprobó en la última sesión del periodo ordinario, una reforma que modifica más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer sanciones, reforzar el control del armamento en el país y hasta 45 años de prisión para quien introduzca armas al país.

Por unanimidad de 105 votos, se establecieron penas de hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos a quienes introduzcan de forma ilegal a territorio mexicano armas, municiones, cargadores o explosivos de uso exclusivo del Ejército.

Según el dictamen, las penas más altas se aplicarán a quienes trafiquen, comercialicen, adquieran o fabriquen ilegalmente armas, cuando estas conductas sean cometidas por servidores públicos, integrantes de corporaciones policiales, elementos de las Fuerzas Armadas o personal de seguridad privada.

Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que “Esta legislación no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, busca cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho y fortalecen las cadenas de violencia. México necesitaba, urgía una ley moderna, técnica y congruente con los principios de seguridad, paz, legalidad que hoy estamos otorgando”.

Destacó que ante la creciente proliferación de armas hechizas o de difícil trazabilidad, se establecen medidas concretas.

“El fortalecimiento del control estatal a través del registro federal de armas de fuego y control de explosivos, a cargo exclusivo de la Sedena, se refuerzan las reglas aplicables a la posesión, portación comercio y transporte de armas y se prohíbe expresamente su envío mediante servicios de paquetería. Segundo la incorporación de nuevas tecnologías, en la regulación prohibiendo la fabricación de armas con impresoras 3D, el uso de explosivos improvisados y dispositivos de activación remota, como los drones, así como las armas de fabricación artesanal”, explicó

Además, prohíbe que civiles usen vehículos blindados modificados para portar armas y asigna de forma exclusiva al Ejército mexicano la responsabilidad del registro y control del armamento en el país.

Asimismo, se actualiza el listado de armamento exclusivo del Ejército y se establece que toda persona que registre un arma deberá designar a un responsable para su trámite en caso de fallecimiento, a fin de definir su destino final.

También prevé que los tres niveles de gobierno deberán realizar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

La reforma fue enviada de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación y promulgación.