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Desde la Universidad Xochicalco, en Ensenada, Ana María Ibarra Olguín, aspirante a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lanzó una fuerte crítica contra el desempeño reciente del máximo tribunal del país. Ante estudiantes, académicos y juristas, la abogada advirtió que la Corte ha dejado de cumplir con su función constitucional al privilegiar intereses propios y aislarse de las necesidades sociales.
A decir de Ibarra, el Poder Judicial atraviesa una etapa marcada por la exclusión, la falta de diálogo y la soberbia. “No podemos seguir administrando una justicia que protege privilegios y responde con indiferencia a la desigualdad”, expresó. En su análisis, el tribunal ha abandonado su papel de garante de los derechos y se ha encerrado en una visión elitista, desconectada de las problemáticas cotidianas de la población.
La crítica no solo se centró en las decisiones de la Corte, sino en lo que considera una actitud de cerrazón hacia los otros poderes del Estado. Según Ibarra, el tribunal ha roto los equilibrios institucionales al rechazar la colaboración interinstitucional, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática. “La Corte falló al país, rompió los puentes con el Legislativo y el Ejecutivo, y eso no puede ser tolerado en una república democrática”, sentenció.
Además, acusó que el máximo órgano judicial ha dejado de ser un árbitro imparcial y se ha transformado en un actor político, movido por intereses particulares. “En vez de resolver los conflictos, los prolonga; actúa más como un partido de oposición que como garante de justicia”, dijo. La posición de Ibarra se inscribe en un momento de fuertes tensiones entre el Poder Judicial y el resto del aparato estatal, lo que ha generado debates sobre la legitimidad y el papel que debe jugar la Corte en el diseño institucional.
Para la candidata, una verdadera justicia democrática debe estar fundada en el diálogo, la escucha y la sensibilidad social. En ese sentido, hizo un llamado a renovar la visión del Poder Judicial para recuperar la confianza ciudadana. “En democracia, ningún poder puede situarse por encima de los demás. La Corte debe actuar con humildad, responsabilidad y compromiso social”, concluyó.