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Un grupo de 14 jueces y exjueces federales mexicanos presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir reparación por lo que consideran violaciones a sus derechos humanos, como resultado directo de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial en México.
La acción fue promovida por el Cyrus R. Vance Center for International Justice, con sede en Nueva York, en representación de los magistrados inconformes. En el documento, afirman que la reforma, aprobada en septiembre y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, compromete la independencia judicial y abre la puerta a su captura política.
La reforma, considerada por el oficialismo como histórica, establece que todos los jueces —incluidos ministros de la Suprema Corte— serán electos por voto popular, en una primera ronda de elecciones a celebrarse el próximo mes y nuevamente en 2027.
Este esquema ha sido duramente criticado por sectores jurídicos y académicos que advierten sobre la pérdida de autonomía judicial y el riesgo de infiltración del crimen organizado.
“Aunque parezca neutral, la reforma constituye un mecanismo para politizar y capturar el Poder Judicial”, advierte la petición entregada a la CIDH.
Respuesta internacional
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), no tiene competencia para anular reformas constitucionales. Sin embargo, sus resoluciones suelen tener alto valor simbólico y político, y pueden marcar la pauta en la defensa de principios como la separación de poderes y la independencia judicial en la región.
Jaime Chávez Alor, subdirector ejecutivo del Vance Center, afirmó que la solicitud ofrece “una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde posibles violaciones a la independencia judicial en México y los desafíos que enfrentan las reformas judiciales en América Latina”.
Contexto político tenso
El gobierno de Claudia Sheinbaum no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario. No obstante, la administración ha sostenido que la reforma busca combatir la corrupción estructural en los tribunales y democratizar el acceso a la justicia, al permitir que la ciudadanía elija a sus jueces directamente.
La petición ante la CIDH se suma a las críticas nacionales e internacionales que apuntan a que la reforma —aunque popular en ciertos sectores— debilita las garantías institucionales y el equilibrio de poderes, en un momento en que México también enfrenta presiones comerciales desde Washington por otros temas sensibles como el T-MEC y la migración.