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El negocio del petróleo ha dejado de ser exclusivo del Estado mexicano. Según un informe reciente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), varios de los cárteles más poderosos de México han expandido su imperio criminal hacia el mercado energético, utilizando el contrabando de combustibles como una de sus principales vías de financiamiento. La acusación no es menor: apunta directamente a la petrolera estatal Pemex como blanco y, en ocasiones, cómplice de estas operaciones.
De acuerdo con una nota de El País, la DEA señala en su reporte que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana han tejido una red de contrabando de gasolina, gas y petróleo crudo en la frontera entre México y EU, operando a través de esquemas sofisticados de lavado de dinero basados en el comercio energético.
“El contrabando de petróleo en el mercado negro se ha convertido en el principal mecanismo para financiar a estas organizaciones criminales”, advierte la agencia.
Los efectos de esta economía paralela son severos: el gobierno mexicano pierde anualmente decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, mientras que las petroleras estadounidenses también registran pérdidas millonarias por la alteración en el flujo de importaciones y exportaciones.
Pemex bajo la lupa
Aunque Pemex fue consultada para responder a las acusaciones, no ha emitido comentario alguno. Sin embargo, para el gobierno de EU las pistas están claras. En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y a 26 empresas por su presunta relación con el CJNG en operaciones ilegales de contrabando de combustibles.
Más recientemente, a principios de este mes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso nuevas sanciones contra tres mexicanos y dos empresas con sede en México, acusadas de participar en una red combinada de narcotráfico y robo de hidrocarburos. La acción fue complementada por una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), que advirtió a bancos estadounidenses sobre actividades sospechosas de comercio energético asociadas al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales.
El modus operandi descrito en la alerta es alarmante. Según el documento, los cárteles extraen crudo mediante tomas clandestinas, secuestran camiones cisterna, intimidan o sobornan a trabajadores de Pemex y logran transportar el petróleo hasta Texas en barcazas. Allí, con ayuda de intermediarios mexicanos y empresas estadounidenses, el crudo es etiquetado como “aceite usado” u “otro residuo peligroso”, para evitar inspecciones, regulaciones y el pago de impuestos.
El siguiente paso en la cadena ilegal involucra a importadores de EU, quienes adquieren el petróleo con descuentos sustanciales, lo venden en mercados internacionales y regresan las ganancias al crimen organizado en México. La OFAC calcula que los márgenes son enormes: hasta cinco millones de dólares por envío en buques cisterna, una suma que alimenta directamente el poder financiero de los cárteles.
Tres esquemas delictivos
El economista Luis Miguel Labardini, especialista en temas energéticos, identifica tres delitos diferenciados en este modelo: el robo de combustibles para su venta dentro de México; el robo de crudo para exportación ilegal, disfrazado como residuo en las aduanas; y el llamado “huachicol fiscal”, que consiste en importar combustibles haciéndolos pasar por lubricantes para evadir impuestos, y venderlos posteriormente en el mercado negro nacional.
“La verdadera raíz del problema es la debilidad estructural del Estado de Derecho en México, que permite que estos esquemas proliferen sin consecuencias reales. Mientras los cárteles acumulan poder y capital, el Estado se ve rebasado en sus capacidades para frenarlos”, sentencia Labardini.
La creciente internacionalización del huachicol marca una nueva etapa en el fenómeno del crimen organizado mexicano, que ya no sólo trafica armas y drogas, sino también recursos estratégicos que atraviesan fronteras y erosionan la soberanía económica. En esta etapa, el petróleo robado es el nuevo oro negro de los cárteles (con información de El País).