El Gobierno de Estados Unidos enfrenta duras críticas tras negarse a revelar el destino final de un vuelo de deportación que partió el martes por la noche con ocho migrantes a bordo, entre ellos el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez.
Según denuncias legales y de derechos humanos, el grupo habría sido enviado a Sudán del Sur, un país inmerso en conflicto armado y considerado inseguro incluso por el propio Departamento de Estado estadounidense.
En conferencia de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó que el vuelo salió desde Texas, pero alegó “motivos de seguridad” para no dar a conocer el destino. Afirmó además que los migrantes siguen bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, aunque abogados defensores aseguran lo contrario.
Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano incluido en el vuelo, fue mencionado junto a migrantes originarios de Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. Todos, según el DHS, tienen antecedentes penales graves, aunque los defensores legales subrayan que algunos de ellos enfrentaban aún procesos pendientes y no habían agotado las vías legales para evitar su expulsión.
Acusan violación a orden judicial
El caso tomó mayor notoriedad cuando, la misma noche del vuelo, organizaciones defensoras de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante un tribunal federal en Massachusetts, advirtiendo que al menos dos personas del grupo serían deportadas a Sudán del Sur sin haber tenido acceso a una audiencia justa. El juez Brian Murphy respondió con una orden que obliga al Gobierno a garantizar la custodia de los deportados y, de ser necesario, facilitar su retorno a territorio estadounidense.
“El Gobierno podría haber violado una orden previa de este tribunal, que prohíbe deportaciones a terceros países donde los migrantes puedan enfrentar peligro, sin que hayan podido presentar sus argumentos ante la justicia”, expresó el juez Murphy, de acuerdo con el New York Times.
Sudán del Sur, en el este de África, atraviesa un conflicto armado de larga duración, con frecuentes brotes de violencia étnica y condiciones humanitarias extremadamente precarias. A inicios de mayo, el Departamento de Estado retiró a su personal no esencial del país y desaconsejó cualquier viaje a la región.
No obstante, funcionarios estadounidenses habrían acordado secretamente utilizar Sudán del Sur como destino de deportación para personas consideradas “inadmisibles” por otros países.
México sin respuesta oficial
Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso de Jesús Muñoz Gutiérrez. La canciller Alicia Bárcena ha sido consultada por medios nacionales e internacionales, pero no ha confirmado si el connacional fue efectivamente trasladado fuera del continente, ni si México ha solicitado información o asistencia consular.
Para activistas migratorios, este silencio institucional resulta alarmante. “Enviar a un mexicano a un país en guerra, sin juicio ni aviso consular, es un precedente gravísimo”, alertó una fuente del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quien señaló que el caso podría constituir una violación del derecho internacional humanitario.
Este vuelo secreto es el más reciente ejemplo del choque entre las políticas de deportación del Gobierno de Donald Trump y las garantías del sistema judicial. La administración ha intensificado los intentos por realizar expulsiones masivas, incluso sin acuerdos públicos con los países receptores.
En marzo, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados sin audiencia a una megacárcel en El Salvador, en virtud de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele a cambio de 6 millones de dólares, del cual no se ha publicado ningún documento oficial.
En Washington, juristas y defensores de derechos humanos advierten que esta estrategia podría empujar al país hacia una “crisis constitucional”, al ignorar decisiones judiciales y debilitar el principio del debido proceso.