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El impuesto del 3..5 por ciento a las remesas aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, equivale a la pensión de 527 mil adultos mayores durante un periodo de seis meses, lo que representa un monto estimado en 19 mil 604 millones de pesos, aseguró el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier
Esta medida generó preocupación entre senadoras de oposición, debido al impacto económico que podría tener sobre las familias receptoras de remesas, las cuales son un importante apoyo para muchas comunidades en el país
La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, calificó de absurdo que el gobierno mexicano , en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, celebraran como un logro la reducción de este impuesto de 5 a 3.5 por ciento.
“Realmente nos parece un fracaso, esto tiene un impacto serio en la economía de las familias mexicanas. Bueno, en el sexenio pasado, el expresidente presumía las remesas como un logro suyo, más no como un fracaso de no ofrecer oportunidades laborales aquí. Sin embargo, hoy, México si se vería impactado en su economía”, aseveró
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, refirió que este impuesto significará un “golpe importante” para las comunidades en México que dependen de las remesas.
Aunque, acotó, que “es menos nocivo que en principio el 5 por ciento que ya habían advertido que venía”.
A su vez, la panista Guadalupe Murguía, calificó esta reducción como insuficiente y apresuró a los senadores mexicanos a intensificar el cabildeo con sus pares estadounidenses en un intento por reducir aún más este impuesto o incluso cancelarlo antes de que se apruebe en el Senado de Estados Unidos.
“Creo que es fundamental el seguir insistiendo a través de todas las instancias posibles, ojalá y el grupo de senadores pudiera continuar, este u otro, con esta comunicación cercana con los legisladores en Estados Unidos”, indicó
No obstante consideró que pese a todo fue un avance en el marco de todas las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno federal para la eliminación de ese gravamen.