El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo anular el fallo de un tribunal federal que impide la deportación de ocho migrantes a Sudán del Sur, entre ellos un ciudadano mexicano. Esto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos legales, que advierten sobre el riesgo de enviar a personas a un país en guerra sin permitirles un proceso legal adecuado.
Los ocho migrantes —originarios de México, Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur— fueron detenidos y trasladados a una base militar estadounidense en Yibuti, África oriental, desde donde el gobierno estadounidense pretendía deportarlos directamente a Sudán del Sur, pese a que solo uno de ellos es originario de ese país.
Sin derecho a audiencia
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, bloqueó la operación al considerar que la administración Trump violó una orden previa que prohíbe deportar a personas a lugares donde corren riesgo de tortura, sin antes permitirles una audiencia legal en la que puedan presentar su caso.
En su fallo, Murphy subrayó que el Gobierno estadounidense no puede actuar al margen del debido proceso, especialmente cuando se trata de deportaciones a un país como Sudán del Sur, considerado por el Departamento de Estado como un destino peligroso debido al conflicto armado, los abusos sistemáticos y la inestabilidad política.
Sudán del Sur fue señalado recientemente por Washington como país de alto riesgo. En mayo, el Departamento de Estado ordenó la salida de su personal no esencial, y mantiene una alerta máxima para ciudadanos estadounidenses que planeen viajar allí.
Mexicano atrapado en un limbo legal
Entre los detenidos se encuentra un migrante mexicano cuyo nombre no ha sido divulgado por razones de seguridad. Según defensores legales que siguen el caso, su traslado a Yibuti se dio sin aviso a sus familiares ni a su abogado. Su situación legal en Estados Unidos estaba en apelación cuando fue trasladado al avión con destino a África.
“El gobierno intentó sacarlo del país por la puerta trasera, violando no solo sus derechos, sino también normas internacionales”, señaló a medios estadounidenses una abogada del equipo que litiga el caso. “Ni México ni ningún otro país, salvo Sudán del Sur, ha aceptado recibirlo, lo cual demuestra la gravedad del riesgo”.
Trump argumenta que los migrantes cometieron crímenes “monstruosos” y que por ello deben ser expulsados, incluso si no existe un tratado de deportación con los países de origen. Sin embargo, abogados y defensores de derechos humanos subrayan que el historial criminal de una persona no anula su derecho a un debido proceso ni justifica enviarlo a una zona de guerra.
El intento de deportación a Sudán del Sur forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para acelerar las expulsiones de migrantes. Washington ha buscado acuerdos con terceros países que acepten a personas deportadas, incluso si no son sus nacionales.