Aunque las campañas para la elección judicial del 1 de junio en México transcurrieron sin ataques contra candidaturas, Data Cívica advierte que persiste la violencia político-criminal contra jueces en funciones, sus colaboradores y familiares, lo que evidencia que el crimen organizado mantiene al Poder Judicial en la mira.
La organización civil documentó seis agresiones recientes durante el periodo electoral —del 30 de marzo al 28 de mayo—, aunque ninguna fue contra aspirantes a los nuevos cargos. Las víctimas fueron personas ya en funciones: tres magistrados recibieron amenazas, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Morelos fue atacada, un chofer de magistrado sufrió un atentado y un juez municipal fue asesinado en Oaxaca.
Desde 2018, Data Cívica ha registrado 25 ataques contra personas relacionadas con el sistema judicial. Del total, 13 fueron dirigidos directamente a jueces o magistrados, 9 a trabajadores judiciales y 3 a familiares. El 60 % de los casos resultaron en homicidios, el 28 % fueron atentados fallidos y el 12 % amenazas directas.
La organización explicó que estos actos violentos no obedecen a coyunturas electorales específicas, sino a las propias funciones del poder judicial. Las decisiones de jueces pueden desestabilizar redes de poder, afectar acuerdos ilegales o acelerar cambios institucionales, lo que los convierte en blancos para grupos criminales.
Morelos y Ciudad de México encabezan la lista de entidades con más agresiones, con cuatro casos cada una, seguidas por Baja California y Zacatecas. Estos datos se desprenden del informe “Violencia político-criminal contra personas juzgadoras en México: un análisis antes y durante el periodo electoral (2018–2025)”, elaborado por Data Cívica.
El estudio también señala que la violencia política tiende a intensificarse en el mes previo a los comicios, lo que motivó el seguimiento puntual al proceso electoral judicial que culmina este domingo 1 de junio. En esta jornada histórica, por primera vez los ciudadanos podrán elegir directamente 881 cargos del Poder Judicial, de entre más de 3.400 candidaturas a la Suprema Corte, al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y al Tribunal Electoral.
Estas elecciones han estado marcadas por señalamientos delicados: desde la presunta postulación de aspirantes vinculados al narcotráfico, hasta acusaciones de favoritismo político y limitaciones presupuestarias que podrían afectar la operación de los centros de votación.
(Con información de EFE)