Duro golpe de contra la batalla de México por reconocer la responsabilidad de los fabricantes de armas estadounidenses en la llegada masiva de armas a manos de los cárteles, que alimenta sin parar el círculo infernal del crímen organizado y el narcotráfico.
La Corte Suprema de EU desestimó este jueves por unanimidad (de los seis jueces conservadores y los tres progresistas) la demanda que interpuso en 2021 el Gobierno de México contra los fabricantes de armas de fuego, a los que considera responsables últimos de la violencia de los cárteles de la droga y de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia el país.
“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA (Ley de Protección del Comercio Legal de Armas) impide la demanda”, dice el fallo.
Los nueve jueces coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, otorga una amplia inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego frente a demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de sus productos.
¿Ayuda a incitar el tráfico o no?
El Gobierno mexicano demandó a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock, Colt y otros fabricantes y distribuidores para hacerlos responsables de los daños infligidos por los cárteles de la droga mexicanos.
La principal cuestión a debate era si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivale a “ayudar e incitar” el tráfico ilegal de las mismas porque las empresas que las fabrican y comercializan supuestamente saben que algunos de sus productos son objeto de tráfico ilegal. Los jueces se ponen del lado de los fabricantes e impiden que las acciones legales contra ellos avancen.
“La denuncia de México no alega de manera plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e incitado a los comerciantes de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos”, dice la sentencia redactada por la jueza progresista Elena kagan. “No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, como exigiría la doctrina legal.
Sin ejemplos concretos
El Supremo subraya que la demanda no señala ninguna transacción delictiva específica en la que los demandados presuntamente hayan prestado ayuda. No dice, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica, indica Kagan.
En cambio, formula una acusación más general: que todos los fabricantes ayudan a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos a realizar numerosas ventas de armas de fuego en violación de diversas prohibiciones legales.
El carácter sistémico de esa acusación aumenta la carga de la prueba de México y el Supremo dice que, para que la acusación prospere, debe estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, cosa que no ocurre.
Los jueces, además, señalan que la estructura comercial del sector pasa por intermediarios mayoristas, lo que deja en precario la acusación de que los fabricantes venden a algunas tiendas de armas en concreto que facilitan el acceso a los cárteles de la droga. “Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, dice el fallo.
Admite que podrían hacer más
El Supremo sí admite que México ha alegado, con suficiente plausibilidad, que los fabricantes podrían hacer más de lo que hacen para averiguar quiénes son esos distribuidores deshonestos y, a continuación, cortarles el suministro de armas, pero dice que esa actitud es “indiferencia”, más que “asistencia”.
México también argumentaba que las prácticas de diseño y comercialización de las armas de los fabricantes estaban dirigidas a hacerlas atractivas para los cárteles, incluidos los rifles de asalto o armas de gran calibre. El Supremo no lo niega, pero no extrae de ello consecuencia jurídica alguna.
“Esos productos son totalmente legales y los adquieren muchos consumidores comunes. No se puede acusar a los fabricantes de colaborar en actos delictivos solo porque a los miembros de los cárteles mexicanos también les gustan esas armas. Lo mismo ocurre con las armas de fuego con nombres en español o con gráficos que aluden a la historia de México”, dice el fallo.
Según México, las empresas estadounidenses de armas de fuego han llevado a cabo una serie de prácticas comerciales durante décadas —desde la venta de rifles semiautomáticos hasta la fabricación de cargadores con capacidad para más de diez cartuchos, pasando por la no imposición de diversas restricciones de venta— que han creado una oferta de armas de fuego que posteriormente se introducen de contrabando a través de la frontera y que, en última instancia, son utilizadas por los cárteles para cometer delitos.
México aspiraba a lograr de los fabricantes de armas unos 10 mil millones de dólares en concepto de daños y también reclamaba una amplia medida cautelar que impusiese nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos.
El frente de Arizona contra las armerías
México optó por abrir otros frentes en su ofensiva judicial e interpuso a finales de 2022 otra demanda en Arizona contra cinco armerías. Ese proceso va por un carril separado, aunque el fallo del Supremo en contra del Gobierno mexicano podría sentar un precedente legal y condicionarlo.
En México, entre el 60% y el 70% de las muertes violentas han sido causadas por armas de fuego traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. Este tráfico ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, pasando de 90,000 armas anuales en 2004 a 500,000 en 2024. Texas es el estado con mayor salida de armamento de contrabando hacia México, afectando especialmente a Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.
Entre 2007 y 2020 se registraron un total de 65 mil 552 homicidios vinculados a la delincuencia organizada(con información de El País, Colmex, EFE y CNN).