En el marco del Día Internacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), el Gobierno de México anunció la implementación de un Sistema Nacional de Trazabilidad con el que se podrá verificar el origen legal de los productos pesqueros en todo el país. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para frenar la pesca ilegal y proteger tanto los ecosistemas como el sustento de miles de familias que dependen del mar.
La nueva herramienta permitirá rastrear los productos desde su captura hasta su venta final, fortaleciendo los controles en cada eslabón de la cadena pesquera. Con ello se busca evitar la comercialización de especies capturadas al margen de la ley, un problema que ha afectado de manera persistente a diversas regiones costeras del país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), entre enero y mayo de 2025 se retuvieron casi dos mil toneladas de productos ilegales y se decomisaron más de cuatro mil artes de pesca no permitidas, además de turnarse a 10 personas al Ministerio Público por su presunta participación en actividades ilícitas.
Para reforzar la vigilancia, Conapesca trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Marina (Marina) en operativos conjuntos que se enfocan en puntos críticos del territorio. Esta colaboración no solo incrementa la presencia en zonas de riesgo, sino que también permite el uso de tecnología de monitoreo satelital, mediante el Sistema de Localización y Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras, lo cual resulta clave en las labores de inspección, rescate y control de actividades ilegales en altamar.
Además de los operativos, la estrategia nacional contempla campañas de concientización, revisiones carreteras, patrullajes terrestres y marítimos, así como la atención a denuncias ciudadanas, un mecanismo que ha permitido a las comunidades locales participar activamente en la protección de sus recursos.
Una parte esencial de esta lucha ha sido el papel de las comunidades pesqueras, que han creado Comités Comunitarios de Vigilancia Pesquera. Aunque no cuentan con facultades legales, estos grupos voluntarios colaboran para reportar irregularidades y proteger tanto el ecosistema como la economía de sus regiones. La autoridad federal ha expresado su respaldo a estas iniciativas y busca fortalecer su alcance.
México también mantiene una participación activa en acuerdos internacionales. Recientemente, fue sede de la reunión regional del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), el único instrumento legal global contra la pesca INDNR. El encuentro reunió a representantes de 18 países de América Latina y el Caribe, quienes intercambiaron experiencias para combatir este fenómeno que afecta la sostenibilidad de los océanos a nivel mundial.