Las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley General en materia de Desapariciones han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Centro Prodh advirtió que los cambios legislativos no representan un avance sustantivo para atender la crisis más dolorosa que enfrenta el país: la de las más de 100 mil personas desaparecidas.
En una serie de publicaciones, el Centro Prodh cuestionó la lógica detrás de las reformas, señalando que parten de una premisa equivocada: creer que la crisis de desapariciones se resolverá con la interconexión de bases de datos, en lugar de atacar los problemas estructurales como el rezago forense o la ausencia de una política nacional integral de búsqueda. En ese sentido, lamentaron que la nueva legislación no incluya medidas concretas para resolver la saturación en los servicios forenses ni haga mención del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya operación ha sido obstaculizada por fiscalías estatales bajo el argumento de la falta de un marco legal claro.
Otro punto crítico señalado es la eliminación del reporte administrativo de desaparición, mecanismo que permitía registrar casos sin necesidad de una denuncia formal ante el Ministerio Público. Según la organización, esto deja sin protección a víctimas cuyos familiares no pueden denunciar por miedo a represalias o por encontrarse en regiones controladas por el crimen organizado. Esta modificación, apuntaron, afectará especialmente a migrantes y comunidades vulnerables.
Además, el Centro Prodh expresó su preocupación por el uso de la CURP biométrica como base de la nueva Plataforma Única de Identidad. Consideran que esta medida implica riesgos a la privacidad y a otros derechos fundamentales, debido a la falta de controles claros para su operación, lo que podría derivar en prácticas de vigilancia sin supervisión adecuada.
La aprobación de estas reformas también fue cuestionada por la forma en que se realizó: un proceso fast track dentro de un atribulado periodo extraordinario de sesiones que, a decir del Centro Prodh, excluyó la participación de las familias en el debate legislativo, a diferencia del proceso más amplio que se siguió en la aprobación de la ley original en 2017.
En su mensaje final, la organización lamentó que estas reformas “no estén a la altura necesaria para enfrentar la crisis de desapariciones” y recordó que la deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias sigue sin saldarse.