El reciente anuncio del nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles y especialistas en salud pública. Su designación, dada a conocer el 2 de julio, ha sido interpretada por diversos sectores como un paso cuestionable, sobre todo por el papel que desempeñó durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Durante su gestión como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, México acumuló más de 288 mil muertes confirmadas por COVID-19, ubicándose entre los países más afectados por la pandemia. Este historial ha sido retomado como argumento principal por quienes consideran inapropiado su nuevo cargo ante un organismo internacional de alto nivel.
Uno de los primeros en pronunciarse fue la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, que calificó el nombramiento como “inaudito” y lo interpretó como un síntoma de indiferencia del Estado mexicano hacia los estándares globales en materia de salud. La comisión también destacó que, bajo la dirección de López-Gatell, el país registró la mayor tasa de mortalidad entre el personal médico, así como una mortalidad hospitalaria del 44%, muy por encima del promedio internacional.
A estas críticas se sumó la investigación periodística de Juan Manuel Jiménez, la cual señala posibles conflictos de interés durante la gestión del exfuncionario. El reportaje apunta a una red de financiamiento extranjero que habría influido en decisiones clave de política sanitaria.
Según esta indagatoria, la organización Bloomberg Philanthropies habría destinado más de 355 millones de pesos a la ONG mexicana El Poder del Consumidor, dirigida por Alejandro Calvillo, con la intención de promover medidas como el etiquetado frontal, impuestos a bebidas azucaradas y regulaciones publicitarias, iniciativas que López-Gatell respaldó firmemente durante su cargo.
Además, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), bajo la dirección de Simón Barquera, recibió en 2020 un contrato por 1.7 millones de dólares de la Bloomberg Family Foundation Inc. para desarrollar estudios científicos que dieran sustento a estas políticas. La presencia de Arantxa Colchero, exesposa de López-Gatell, como colaboradora del instituto, ha sido también señalada como un posible elemento que agrava el conflicto de interés.
Estas revelaciones han generado una discusión pública sobre la imparcialidad que debe tener un funcionario que represente al país en la arena internacional. Expertos y organizaciones han advertido sobre la necesidad de garantizar que los representantes ante organismos multilaterales no respondan a intereses privados o vínculos personales que puedan interferir en su responsabilidad pública.