En México, más de 221 mil procesos judiciales permanecen sin resolución, lo que refleja un sistema colapsado que vulnera el acceso a la justicia para miles de personas. Uno de los casos que ha expuesto con mayor crudeza las fallas estructurales es el de Ana Katiria “N”, exabogada en la Ciudad de México, hoy señalada por encabezar una presunta red de corrupción y extorsión en el ámbito judicial.
Las cifras hablan por sí solas: a finales de 2024 se contabilizaban 221,800 juicios pendientes y 47,000 expedientes federales con retrasos graves, según datos oficiales. Para especialistas y víctimas, esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de que la Reforma Judicial no solo se apruebe, sino que se implemente de forma efectiva.
El caso de Ana Katiria “N”, quien actualmente reside en Madrid tras abandonar México en 2024, ha sido documentado en diversas investigaciones por la Fiscalía de la Ciudad de México y medios de comunicación. Se le acusa de formar parte de una estructura que fabricaba denuncias falsas, manipulaba peritajes y coordinaba testimonios amañados, principalmente en juicios de divorcio y custodia de menores.
Uno de los patrones recurrentes denunciados por las víctimas es la utilización del sistema judicial como una herramienta de coerción económica. Varios hombres que enfrentaron litigios familiares aseguran haber sido objeto de acusaciones sin sustento, con el fin de obtener pensiones alimenticias millonarias. Aseguran que, con la complicidad de peritos y jueces, se les colocó en una posición de indefensión jurídica, emocional y económica.
Desde su salida del país, la exabogada no ha sido detenida, y aunque la Fiscalía mantiene abierta la investigación, las víctimas cuestionan que aún no se haya emitido una ficha roja de Interpol para solicitar su captura internacional. Este vacío ha dejado a numerosas familias atrapadas en procesos interminables y costosos.
Más allá de este caso, el tema ha reavivado la exigencia de avanzar con la Reforma Judicial, recientemente impulsada desde el Ejecutivo. Esta propuesta busca garantizar una justicia más eficiente, transparente y libre de corrupción, y ha sido recibida con esperanza por quienes han padecido las fallas del sistema.
Las víctimas, muchas de ellas organizadas en colectivos, celebran la iniciativa presidencial y destacan que su aprobación representa una oportunidad histórica para transformar un sistema que, por décadas, ha favorecido la impunidad y los abusos. Aseguran que sin una transformación profunda, los procesos seguirán atrapados en la inercia, y los casos como el de Ana Katiria “N” continuarán repitiéndose.