Durante 2023, más de 32 mil adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de algún delito en México. Los datos del programa EPACOL 2025, publicado por el INEGI, revelan un incremento del 42.2 por ciento respecto a 2021, cuando la cifra se ubicó en poco más de 22 mil.
Ese ascenso en la estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se hace más patente debido a que en los años previos (2017 a 2020) decreció la cifra de adolescentes y jóvenes menores de 19 años que habían sido sometidos a proceso judicial.
Los adolescentes imputados no son sólo cifras. El informe de INEGI ofrece un retrato en el que que se hace patente la violencia como factor principal del problema. Los cinco delitos más frecuentes en 2023 fueron lesiones (24.8 %), robo (15.2 %), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9.0 %) y narcomenudeo (8.4 %). En efecto, salvo las lesiones, el resto de los delitos señalados tienen una incidencia similar.
En ese mismo 2023 se registraron 28 mil 899 víctimas adolescentes en las carpetas de investigación relacionadas con adolescentes. La mayoría también eran jóvenes: el 56.7 % tenía 19 años o menos, y 6 de cada 10 eran mujeres.
En conjunto, 60 mil jovencitos estarían así involucrados en delitos, o bien como victimas o bien como victimarios.
Más sanciones, menos cárcel
El informe también muestra que el sistema penal juvenil privilegia sanciones fuera del encierro. De los 3 mil 785 adolescentes con alguna medida de sanción al cierre del año, el 66.3 % recibió medidas no privativas de la libertad, como servicios a la comunidad o libertad asistida. Solo uno de cada tres fue internado o restringido en su movilidad.
Pese a ello, 1 mil 508 adolescentes sí ingresaron a centros de internamiento en 2023. El 92 % eran hombres. Aunque la cifra ha caído casi a la mitad desde 2017, la tasa nacional fue de 16.6 ingresos por cada 100 mil adolescentes de entre 14 y 17 años. Algunas entidades superan ampliamente esa media: Aguascalientes (95.1), Nayarit (62.7) y Sonora (58.7).
¿Quiénes son estos jóvenes?
El documento del INEGI permite asomarse al contexto de vida de quienes entran al sistema. En 2022, 88.2 % de los hombres y 77.3 % de las mujeres bajo proceso penal dijeron haber consumido sustancias psicotrópicas alguna vez en su vida, siendo las más comunes el alcohol, tabaco y marihuana.
A la par, enfrentan procesos con recursos limitados. Solo la mitad (51.5 %) declaró haber recibido asesoría legal durante su estancia en el Ministerio Público. Y aunque el sistema busca garantizar derechos, una de cada cinco personas adolescentes no tuvo acompañamiento de padres o tutores durante su primera audiencia ante la autoridad judicial.
Concentración de casos y focos regionales
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Seis estados concentran el 50.7 % de los adolescentes imputados en 2023: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Del mismo modo, más de la mitad de los internamientos se registraron en tan solo seis entidades: Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua.
Un reto pendiente
El repunte en las cifras y el perfil que se traza de los adolescentes en conflicto con la ley ponen en evidencia un sistema que opera bajo presión. Aunque hay avances, como la reducción de internamientos y el enfoque en medidas alternativas, los datos muestran que detrás de cada caso hay jóvenes expuestos a la violencia, al consumo temprano de drogas, con asistencia legal limitada y contextos familiares frágiles.