Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, aseveró que ante los alarmantes índices de consumo de alcohol, accidentes y muertes por esta causa entre la población mexicana, “es indispensable emprender una revisión profunda de las políticas públicas en la materia”.
Es urgente enfatizó, abordar esta problemática desde una perspectiva transversal, intersectorial y con enfoque de derechos, que permita articular acciones desde distintos ámbitos como la salud, la seguridad, la movilidad, la educación y la justicia”.
Sostuvo que durante el primer trimestre del año en curso con base en datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compilados por SEMOVI, se registraron 111 muertes accidentes de tránsito en la Ciudad de México, siendo los percances de motociclistas el grupo más vulnerable, al representar casi la mitad del total de muertes, con 54 personas fallecidas; seguidos de peatones, con 33 muertes y pasajeros, con 16, así como la muerte de seis conductores y dos ciclistas.
“La Ciudad de México no puede seguir postergando decisiones que salvan vidas, ya que es inaceptable que en pleno 2025 conducir bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad sigan cobrando vidas todos los días”.
Urgen acciones en la CDMX
Ante tan panorama, enfatizó la urgencia de que el Congreso local y el Gobierno de la Ciudad armonicen su legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que disminuir los límites permitidos para manejar bajo los efectos del alcohol y establecer límites de velocidad seguros “no es solo una decisión técnica, es un imperativo ético y político”.
A su vez, Claudia Moreno, abogada en Salud Justa Mx, enfatizó que la Ciudad de México mantiene un rezago normativo incompatible con los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional en materia de seguridad vial.
Asimismo, señaló que la falta de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial limita la implementación del enfoque de sistema seguro y compromete la efectividad de las políticas públicas.
Urge establecer marcos legales claros sobre velocidad, alcohol y dispositivos de seguridad, respaldados por fiscalización efectiva e inversión en infraestructura. No estamos ante una opción política, sino ante una obligación legal y ética de proteger vidas”.
Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol señaló: “la evidencia es contundente, existen más de 60 enfermedades directamente ocasionadas por el consumo de alcohol y más de 200 condiciones de salud relacionadas con el mismo.
Los siniestros de tránsito caen en esta última categoría, ya que se sabe que el alcohol puede afectar la capacidad para conducir al alcanzar concentraciones en sangre tan bajas como 0.02%, y muchas veces las personas que conducen no se perciben intoxicados a esa dosis, y, aun así, no hay un consumo seguro de alcohol que permita conducir sin riesgo.