La inclusión financiera puede ser un catalizador importante para el bienestar económico y la movilidad social. Contar con una cuenta bancaria, acceder a un crédito o tomar decisiones sobre el propio dinero abre distintas posibilidades ya que permite planear, enfrentar imprevistos, invertir en educación o iniciar un negocio. En México, los datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social 2023 muestran que las personas que utilizan servicios financieros formales tienen mayores probabilidades de mejorar su situación socioeconómica en comparación con el hogar en el que crecieron. Sin embargo, este potencial no se distribuye de manera equitativa. Cerca de la mitad de la población mexicana no tiene acceso a productos financieros, y entre las mujeres la exclusión es aún mayor. Aunque el acceso ha mejorado, los beneficios no alcanzan por igual a toda la población. Las mujeres, en particular, enfrentan una combinación de restricciones económicas, laborales y culturales que condicionan no solo su acceso, sino también su capacidad para aprovechar los servicios financieros. En muchos casos, las barreras no están en la sucursal, sino en el hogar, en las expectativas de género y en las oportunidades que se heredan.
Acceder no es ascender
En promedio, las personas que usan servicios financieros tienen más probabilidades de mejorar su nivel socioeconómico respecto al hogar en el que crecieron. Esta relación se observa con mayor claridad en los hombres, ya que aquellos que crecieron en condiciones desfavorables y lograron integrarse al sistema financiero formal presentan una mayor movilidad social ascendente.
En cambio, entre las mujeres, el patrón es diferente. La inclusión financiera está asociada sobre todo con una mayor permanencia en los niveles medios o altos, pero no con un aumento significativo en la movilidad social ascendente desde los niveles más bajos. Es decir, para las mujeres, contar con una cuenta bancaria o un crédito puede ayudar a no retroceder, pero no necesariamente a avanzar.
Este patrón sugiere que las políticas centradas únicamente en ampliar el acceso a servicios financieros tienen un alcance limitado si no se acompañan de acciones que modifiquen las condiciones estructurales que restringen las oportunidades para las mujeres.
El peso del origen se hereda
Una de las variables más determinantes para la inclusión financiera actual es el nivel socioeconómico del hogar de origen. Las personas que provienen de hogares ubicados en el quintil superior de ingreso (es decir, entre el 20% con mejores condiciones económicas) tienen hasta 40 puntos porcentuales más de probabilidad de estar incluidas financieramente en comparación con quienes crecieron en los quintiles más bajos. Esta ventaja también es visible en el nivel educativo, dado que la probabilidad de uso de servicios financieros es mayor entre quienes provienen de hogares donde la madre alcanzó estudios universitarios, independientemente del nivel educativo actual de la persona. Ahora bien, esta asociación entre el origen socioeconómico y la inclusión financiera también presenta una brecha de género, ya que, en todos los quintiles de ingreso del hogar de origen, los hombres reportan mayores tasas de inclusión financiera que las mujeres. Por ejemplo, entre quienes crecieron en el quintil más alto, el 51% de los hombres está incluido financieramente, frente al 46% de las mujeres; en el quintil más bajo, la proporción es de apenas 9.8% en hombres y 9.6% en mujeres. Estas diferencias, aunque en algunos casos sutiles, reflejan cómo las desventajas de origen se superponen con las de género, limitando el acceso efectivo al sistema financiero.
La transmisión de conocimientos financieros también sigue una lógica desigual. Los hombres recuerdan con más frecuencia haber recibido enseñanzas básicas sobre administración del dinero, comparación de productos financieros o planificación del gasto. Las mujeres, en cambio, reportan haber estado menos expuestas a estos aprendizajes. Incluso cuando la madre tenía un alto nivel educativo, el contenido y la frecuencia de estas conversaciones era menor si se trataba de una hija.
Esta asimetría no es casual. Refleja normas sociales persistentes que asignan a los hombres el rol de proveedores y a las mujeres el de cuidadoras. Así, muchas niñas crecen sin herramientas ni modelos de referencia para ejercer autonomía económica, y llegan a la adultez con menor seguridad para tomar decisiones financieras.
Empleo, educación y decisiones
Al analizar la inclusión financiera junto con el nivel educativo y la participación laboral, se observa que estas variables explican buena parte de la brecha de género. Es decir, una mujer con empleo formal y educación superior tiene probabilidades cercanas a las de un hombre de estar incluida financieramente. Sin embargo, alcanzar esas condiciones sigue siendo más difícil para las mujeres, quienes enfrentan mayores tasas de informalidad, salarios más bajos y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.
Además, aun cuando las mujeres logran condiciones educativas y laborales similares, persisten ciertas barreras sutiles pero persistentes y significativas. Algunas están relacionadas con la percepción del riesgo, la autoconfianza financiera o la forma en que el entorno responde a sus decisiones. En muchos hogares, las mujeres aún deben consultar o justificar sus decisiones económicas, mientras que los hombres gozan de mayor libertad y privacidad para manejar sus recursos.
¿Qué tipo de inclusión?
Si se parte del supuesto de que basta con ofrecer productos financieros para cerrar brechas, se corre el riesgo de ignorar los factores que realmente determinan quién puede beneficiarse de ellos. La evidencia apunta a que el acceso es solo un paso. Lo que sigue es garantizar que ese acceso sea útil, significativo y equitativo.
Para lograrlo, es necesario abordar las barreras estructurales como el desempleo, la informalidad y la desigualdad salarial, pero también las culturales. La forma en que se socializa a niños y niñas respecto al dinero, las expectativas sobre sus roles futuros, y los mensajes que reciben sobre su capacidad para tomar decisiones económicas deben transformarse.
Esto implica revisar los contenidos de la educación financiera en las escuelas, incluir a las mujeres como protagonistas en las campañas de productos financieros, y promover espacios donde puedan hablar y decidir sobre dinero sin ser juzgadas. También requiere que los programas de inclusión reconozcan explícitamente las desigualdades de origen y diseñen estrategias diferenciadas.
Una agenda para el futuro
La inclusión financiera tiene el potencial de ser una herramienta para la equidad y la movilidad social. Pero ese potencial no se activa automáticamente. Las mujeres, especialmente aquellas provenientes de hogares con desventajas acumuladas, requieren más que una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito, necesitan condiciones reales de autonomía, reconocimiento y capacidad de decisión.
Diseñar políticas de inclusión financiera con enfoque de género no es solo una cuestión de justicia, es una estrategia necesaria para que el sistema financiero contribuya efectivamente a reducir la desigualdad. La clave está en dejar de tratar la inclusión como un fin en sí mismo, y comenzar a verla como un medio para transformar vidas de forma sostenible. No se trata de abrir cuentas, sino, de abrir caminos.