CDMX — En Chiapas, el delito de feminicidio se castiga con 100 años de prisión, advirtió el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Abarca.
Luego de un recorrido por los denominados Centros LIBRE, espacios destinados para la atención integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) en Chiapa de Corzo, el fiscal estatal lamentó que más de 90 por ciento de los delitos contra este sector en la entidad no se denuncian por la existencia de la dependencia económica y social.
Llaven Abarca refirió que la violencia familiar es el delito que más se comete en Chiapas, por lo que ya se trabaja en crear la denuncia digital para mujeres, con el fin de asesorar de manera adecuada a las posibles víctimas.
En los centros LIBRE, de los cuales ya hay 52, alrededor de 9,295 mujeres han sido atendidas y
registradas recibiendo al menos una atención especializada. Además de que en el número 65 se atienden reportes.
Menores, con atención prioritaria
El fiscal estatal también admitió que los delitos contra menores de edad.
“A principios de mayo el gobernador Eduardo Ramírez impuso un decálogo a favor de los niños y niñas con el propósito de mantener una política pública a favor de la mujer, la primera de ellas es una acción legislativa por la cual se modificó el Código Penal del estado y se aumentó la pena a 100 años de cárcel por el delito de feminicidio, con lo que también se pierde la patria potestad de los menores.
El funcionario estatal señaló que en Chiapas hay tolerancia cero a cualquier delito de niños, niñas adolescentes y mujeres. Hay una política de cero impunidad a conductas delictivas, aseguró.
Como parte de la atención prioritaria que demanda la protección de los menores chiapanecos, en la entidad del sureste del país se creó la fiscalía especializada para niñas, niños y adolescentes.
“En Chiapas aumentó en 87 por ciento las agresiones sexuales contra niñas y 13 por ciento en niños. Chiapas tiene alerta de género, sobre todo en pueblos indígenas que, si bien los usos y costumbres no pueden regularse, tampoco se puede estar por encima de los derechos de las mujeres, niños y niñas”, indicó el fiscal, quien refirió, no sin lamentarlo, que la entidad tiene el primer lugar en embarazos adolescentes, derivado de agresión sexual.
