Los métodos alternativos que ofrecen las leyes mexicanas desde hace algunos años (que el infractor repare el daño), pretendía dotar al MP de un “criterio de oportunidad”, en el que la solución rápida y acordada resultase mejor que emprender un proceso legal largo y desgastante para la víctima. Para Alex, nativo de Guanajuato pero avecindado en la Cd de México, esto no fue así. Juan lo arrolló hace nueve meses, enviándole a una cadena de operaciones mayores para tratar de salvar su brazo, hoy inutilizado.
El agresor está libre y Alex en el desamparo debido a que se ejecutaron los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal del estado de Guanajuato. En efecto, como reza su propia publicidad, la Fiscalía empezó en menos de un minuto el proceso de conciliación, pero en lugar de llevarlo a la reparación del daño, terminó haciéndole perder nueve meses valiosos en lo laboral y en lo médico.
El conductor agresor, Juan, que aparece abiertamente en el informe policial señalando un golpe a su espejo como origen de su acción, no conoce a Alex ni habían tenido interacción alguna antes de los pocos segundos en los que se suscitó el atropellamiento.
Alex es amante de las motos potentes y el día de los hechos manejaba una BMW para ir a visitar a sus amigos y familiares en Guanajuato. El traslado de Cd de México, donde reside y trabaja, a León era algo habitual para él hasta ese día, 9 de noviembre de 2024.
Sobre el boulevard José María Morelos y Avenida Transportistas, un Fiat rojo aparece enfrente y el motociclista intenta pasarle, pero en una calle en reparaciones, la maniobra se complica y golpea el retrovisor del Fiat. Después de caer en varios baches, Alex se detiene adelante, sobre la misma calle, para esperar al conductor afectado. Sin previo aviso, Juan se convierte en agresor y acelera para embestirle brutalmente la parte trasera de la moto. El impacto es tan fuerte que Alex es arrojado contra un tercer vehículo que transita por el área, una camioneta Toyota Avanza. Alex ya no pudo levantarse del suelo y fueron protección civil, amigos y agentes de policía quienes se hicieron cargo desde ese momento de su auxilio.
Uno de los policías entrevista a Juan, conductor agresor, e incluye en su informe escrito: “el conductor del vehículo 1 (Juan en el Fiat rojo) hace referencia que metros antes de llegar al lugar del accidente, el conductor del vehículo 2 (la moto) con un puñetazo le causó daños al espejo retrovisor izquierdo de su vehículo”.
El caso, que parecía fácil pues el seguro de la empresa ANA estaba en respaldo del conductor agresor, se tornó enmarañado cuando los funcionarios que debían facilitar el acuerdo no empantanaron el proceso, alegando que estaban saturados de trabajo; además, durante ese tiempo empiezan a ser sustituidos dando pie a que el proceso se reinicie y, en esas condiciones, la empresa ANA se abstiene de hacer una oferta económica para cubrir los gastos médicos de la víctima (sólo paga al tercer vehículo afectado). En diversas ocasiones, Alex contacta a la supervisora de ANA en zona Bajío quien le señala que muy pronto se haría la reparación de daños. Pero eso no pasó.
La trampa de la conciliación quedó tendida así: nueve meses después, una carpeta de investigación de solución fácil no ha sido judicializada a pesar de que, a lo largo de ese tiempo, Juan y su aseguradora ANA no hacen ninguna oferta de reparación del daño. No hay conciliación y tampoco justicia tradicional en juzgado. Para Alex, esos nueve meses no son sólo de espera, su brazo queda inmovilizado y sus finanzas incapaces de afrontar la nueva operación mayor que requiere.
La carpeta de investigación, incluyendo el informe policial que alude a una venganza por el golpe al retrovisor; el Código Penal de Guanajuato es poco indulgente con el intento de homicidio en cualquiera de sus formas o bien de las lesiones graves que originen daño a la motricidad. En todos los casos, la cárcel es un elemento presente si el agresor llega ante un juez, incluso si ya en juzgado se determina la reparación del daño.
Pero la carpeta, en lugar de ser judicializada, fue enviada a las oficinas de conciliación casi en automático.
Cronología de una trampa conciliatoria
Después de aquel 9 de noviembre, Alex debió declarar ante MP en el hospital y de allí salió, 6 días después, con una placa y seis tornillos en el brazo izquierdo (en la foto). Su trabajo en una escuela, que requiere actividad física, comenzó a ser relegado por terapias y revisiones médicas.
La secretaria de la Agencia 9 de la Fiscalía, Olga Valtierra, le contacta el 28 de noviembre ya con intención de que se llegue a una conciliación para no presentar el caso ante un juez. Un día después la primera audiencia de conciliación se da y la aseguradora ANA indica que cubrirá los daños originados por su asegurado.
La conciliación también parece sencilla de resolver, pero las cosas se aletargan en diciembre; en lo médico, el brazo de Alex padece un proceso infeccioso que lo lleva de nuevo al hospital para someterse a 6 intervenciones quirurgicas más. Desde entonces, su brazo izquierdo permanecerá inmóvil con fijador externo y 6 tornillos.
Ya en enero, Alex proporciona comprobaciones de gastos al MP. La segunda audiencia de conciliación se dará hasta el 20 de marzo. La instancia de mediación de la Fiscalía se lleva los papeles que cuantifican los montos gastados por Alex y su familia.
Ante el brumoso actuar de la instancia conciliadora, la aseguradora ANA evita hacer propuestas de reparación del daño: no tiene prisa, su asegurado está libre, sin acusación formal y en la Fiscalía o en la instancia conciliatoria nadie le apremia a resolver ese caso que implica la integridad física de Alex en el largo plazo.
Un cambio de la titular en la Agencia 9 de la Fiscalía hace evidente que el asunto se está estancando. En mayo de 2025 Alex solicita judicializar el caso, MP, instancia de conciliación de la Fiscalía y la empresa aseguradora ANA piden hasta el día 26 para plantear la propuesta de indemnización. Llega el día, pero no la propuesta.
Junio y julio no traerán noticias judiciales positivas para Alex. En el terreno médico, su brazo exige dos operaciones más de costos significativos. En el terreno judicial, la fiscalía empieza a elaborar lista de testigos, solicitudes de periciales y le echa ojo de los reportes policiales en donde el conductor del Fiat da aquella explicación del retrovisor roto.
La trampa en la que ha caído Alex al aceptar de buena fe el proceso de conciliación es evidente: ni el MP ha promovido un criterio de oportunidad al encontrar una solución rápida a un caso donde la bravata de un conductor ha estado a punto de matar a un hombre, ni la instancia de conciliación ha propiciado que responsable y aseguradora tomen el proceso de conciliación con seriedad; la victima ha quedado de frente a un futuro inmediato incierto, sin que su caso, grave, sea llevado ante un juez. Su brazo, cada vez más en riesgo, cuelga literalmente de su cuerpo en espera de una operación que ya no puede pagar.