A unos días de que asumieron los nuevos ministros, magistrados y jueces, el sector empresarial del país advirtió que la independencia del Poder Judicial no es negociable y la nueva Corte no debe ser apendice de ningún poder sino autónoma, imparcial y libre de presiones políticas.
“Si la justicia se convierte en un apéndice de otro poder, se debilita la confianza ciudadana, se vulnera la seguridad jurídica y se mina el Estado de Derecho”, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX
El organismo patronal aseguró que una Corte autónoma, imparcial y libre de presiones políticas es la única vía para garantizar que sus resoluciones respondan a la Constitución y que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda acceder a una justicia pronta, completa e imparcial.
Advirtió que cuando un poder se subordina a otro, se vulneran derechos ciudadanos, se debilita el acceso a la justicia y se genera certidumbre negativa que afecta tanto la vida diaria de las familias como la confianza de inversionistas y empleadores en México.
Por ello, llamo a quienes integran los tres poderes de la Unión para honrar su responsabilidad histórica y el juramento que realizaron al momento de tomar sus encargos de cumplir y hacer cumplir la Constitución para preservar la división de poderes, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.
La cámara empresarial destacó que un Estado de Derecho sólido no solo se construye con leyes, sino con instituciones que funcionen de manera independiente, con contrapesos efectivos, con el cumplimiento irrestricto de la ley y con un compromiso real de los gobernantes por respetar la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.
¡AGUAS CON LA REFORMA ELECTORAL!
En ese sentido, la Coparmex demandó a los legisladores y al Ejecutivo que cualquier eventual reforma electoral no sea usada como herramienta para debilitar al INE ni para imponer mayorías artificiales.
“Solo con un proceso incluyente, técnico y transparente se logrará fortalecer nuestras instituciones y preservar la pluralidad política”, estableció
Ninguna ley —- dijo—debe aprobarse sin debate amplio, sin análisis técnico y sin la inclusión de distintas perspectivas.
“El Congreso debe ser un espacio de deliberación plural, donde las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y que la ciudadanía sea considerada en el centro de cada decisión legislativa que afecta sus derechos, su seguridad y sus oportunidades de desarrollo”, señaló
En ese sentido consideró que deben ponderarse las necesidades de cada sector que permitan una justicia social y que se generen las condiciones adecuadas que contribuyan a detonar la economía y atraigan mayores inversiones.