En los próximos años, el gobierno federal de México enfrentará un reto considerable: las crecientes presiones fiscales derivadas del alto costo financiero de la deuda, consecuencia directa de los recurrentes déficits presupuestales.
Actualmente, el costo financiero de la deuda pública consume más del 23% de los ingresos totales del gobierno (tanto tributarios como no tributarios). Esta cifra equivale a más de la mitad del presupuesto destinado a la operación de secretarías y programas de la Administración Pública Centralizada.
El costo de la deuda: magnitud y proporciones
Para dimensionar el problema, observemos la Figura 1, que muestra la evolución del costo financiero de la deuda como proporción del Gasto Total del Sector Público. Al inicio de la década de 2010, este costo representaba apenas el 7.7% del gasto total, mientras que las erogaciones en inversión física, salud y educación (incluyendo las aportaciones a entidades federativas) alcanzaban el 18.7%, 10.7% y 14.2%, respectivamente.
Sin embargo, a partir de 2019 se observa un cambio estructural preocupante: por primera vez en lo que va del siglo, el pago del servicio de la deuda superó al gasto total en salud y en inversión física, alcanzando más del 11.5% del gasto público total. Para 2023, esta tendencia se acentuó, y el costo de la deuda rebasó también al gasto en educación. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2025 este componente podría representar casi el 15% del Gasto Total del Sector Público.
Más aún, en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, se estima que el costo financiero de la deuda ascenderá a 1,572.1 miles de millones de pesos. Esta cifra será mayor al monto combinado que se destinará a todos los programas sociales prioritarios y a los principales proyectos de inversión del gobierno federal.
Lo anterior refleja una tendencia alarmante: cada vez se destina una mayor proporción del presupuesto a pagar intereses de la deuda, en detrimento de políticas públicas orientadas al desarrollo social, la infraestructura y el desarrollo económico. En esencia, el costo de la deuda está desplazando recursos públicos que podrían mejorar directamente el bienestar de la población.
Los déficits presupuestales y su costo financiero
Idealmente, la deuda pública debe invertirse en proyectos que generen flujos de ingresos futuros capaces de cubrir su pago. Alternativamente, debe destinarse a iniciativas que fomenten el crecimiento económico, lo que incrementaría el PIB y, en consecuencia, la recaudación fiscal necesaria para financiar la deuda. Sin embargo, históricamente, en México este no ha sido el caso.
El incremento sostenido de la deuda pública comenzó en 2008, cuando pasó del 17.1% al 20.1% del PIB. A partir de ahí, la deuda siguió creciendo, alcanzando el 51.7% del PIB en 2024. Sin embargo, este aumento en la deuda no ha sido acompañado de una mejora significativa en los ingresos públicos. En 2008, los ingresos del gobierno representaban el 22.1% del PIB, porcentaje que se mantiene sin cambios en 2024, y que incluso se estima disminuya marginalmente para 2025 (Figura 2).
Por su parte, el déficit fiscal ha aumentado considerablemente en años recientes. En 2022 y 2023, el déficit se ubicó en 3.2% y 3.3% del PIB, respectivamente, mientras que para 2024 se proyecta que alcance el 4.9% del PIB, una cifra no vista en más de 25 años. Se estima que en 2025 y 2026 este déficit se mantenga en el 3.6%.
Este contexto ha llevado a un crecimiento vertiginoso del costo financiero de la deuda (Figura 3). Para 2024, este costo representó el 3.4% del PIB, la cifra más alta desde mediados de los noventa. Además, se estima que en 2025 y 2026 este porcentaje se eleve a 3.8% y 4.1% del PIB, respectivamente. Estos niveles superan el promedio del 2.9% del PIB registrado durante el sexenio anterior y el 2.1% del sexenio previo.
El círculo vicioso del déficit fiscal
A raíz de estos desequilibrios fiscales, varias agencias calificadoras degradaron la calificación de la deuda mexicana en los años 2016, 2019 y 2020. Esta caída en la calificación incrementó las tasas de interés a las que el gobierno pudo financiarse, lo que aumentó el costo financiero de la deuda.
Por otro lado, el incremento en las tasas de interés internacionales, derivado de políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, también impactaron negativamente. La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en México pasó del 4% en 2021 al 11.25% en abril de 2023, coincidiendo con emisiones de deuda significativas para reestructurar pasivos que durante 2022 y 2023 ascendieron a 11.3 billones de pesos. Este contexto ha generado un aumento directo en el costo de la deuda.
El aumento del déficit fiscal, especialmente desde 2009, ha sido un factor clave en el crecimiento de la deuda. En 2007 y 2008, el déficit era mínimo, apenas 0.1% del PIB, pero desde 2009, salvo en dos años, el déficit nunca ha sido inferior al 2% del PIB. Esta tendencia creció a partir de 2020, cuando el déficit alcanzó el 2.8% del PIB, y se agudizó en 2024, cuando el déficit llegó al 49% del PIB. Se proyecta un déficit esperado en el balance público para los años 2025 y 2026, de 3.6% del PIB.
La urgencia de un cambio de paradigma
El costo financiero de la deuda pública en México está alcanzando niveles insostenibles. La creciente deuda, combinada con déficits fiscales elevados y el impacto de las altas tasas de interés, está limitando la capacidad del gobierno para invertir en políticas públicas que fortalezcan el bienestar social y el crecimiento económico.
Frente a este panorama, urge un cambio en el enfoque de la política fiscal.
México necesita una política fiscal que impulse el crecimiento económico, priorizando inversión en educación, salud, innovación y capital humano, así como el fomento de la calidad institucional, asegurando la estabilidad macroeconómica. El gasto público debe priorizar, además de aspectos sociales, proyectos productivos que generen retornos económicos a largo plazo. A su vez, es esencial que el enfoque de la política fiscal sea contracíclico y eficiente.
Para controlar el déficit fiscal, es crucial revisar y mejorar la calidad del gasto público, priorizando áreas estratégicas y evitando proyectos no rentables. Estableciendo, además, límites claros al crecimiento de la deuda y garantizando que la economía crezca por encima del costo de la deuda.
En cuanto a la recaudación fiscal, se debe ampliar la base gravable, formalizando la economía informal y mejorando la administración tributaria. La educación tributaria y la simplificación del sistema tributario también son fundamentales para aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Finalmente, es imperativo diversificar las fuentes de financiamiento público. Instrumentos como asociaciones público-privadas, fondos soberanos, bonos verdes y de impacto social, o esquemas de financiamiento basados en resultados, pueden complementar la inversión pública sin depender exclusivamente de deuda tradicional.
Una política fiscal más equilibrada, sostenible y orientada al desarrollo es condición indispensable para evitar que el peso del endeudamiento siga asfixiando las oportunidades de bienestar y crecimiento del país.
Solo así México podrá garantizar una economía más sólida y un futuro más próspero para su población.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
* El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía