Entre advertencias de una regresión de los derechos ciudadanos y abusos de poder gubernamental, el pleno del Senado con mayoría de Morena y sus aliados, aprobaron con algunas modificaciones, la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con lo cual se establecen límites a suspensiones pues ahora los jueces podrán negar suspensiones provisionales si se considera que afectan el interés social o el orden público.
Con 76 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones, Morena y sus aliados del PVEM y PT aprobaron en lo general esta reforma que generó gran polémica y advertencias en sectores judiciales y la oposición.
De hecho, la oposición acusó que con esta reforma se acaba el escudo de la ciudadanía ante actos de abuso del Estado o el gobierno.
“Rechazamos la destrucción del amparo porque solo en los regímenes dictatoriales se establece una prepotencia del poder tal como esta, donde el Estado aplasta por igual a las personas y a la sociedad”, acusó el panista, Francisco Ramírez Acuña
Esta reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión también impide frenar medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando se congelen cuentas por presunto lavado de dinero.
Asimismo desaparece la posibilidad de suspender detenciones por prisión preventiva oficiosa y también redefine el interés legítimo pues solo quienes acrediten un perjuicio real, actual y diferenciado podrán promover amparos, lo que restringe la acción a colectivos.
Con ello, organizaciones civiles y ambientales perderían margen de acción, ya que no podrían presentar demandas si no acreditan un daño directo.
De igual manera se establece la posibilidad de presentar amparos en línea y la obligación de que los jueces emitan sentencias en un plazo máximo de 60 días.
El dictamen precisa conceptos como el interés legítimo, limita suspensiones en casos sensibles y garantiza que el juicio digital sea opcional, protegiendo la inclusión de quienes no cuenten con acceso tecnológico.
La priista Carolina Viggiano criticó la reforma, señalando que debilita el acceso a la justicia, restringe la protección de los ciudadanos frente a abusos de poder y favorece a autoridades y grandes intereses.
Indicó que limita la suspensión de sentencias, elimina el interés legítimo para causas colectivas y encarece los procesos, dejando desprotegidos a pequeños empresarios, gremios y comunidades indígenas.
“Sé que hoy dicen, no se va a quitar el juicio de amparo, claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución (1:50) de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado, ahora van a proteger al pueblo, van a proteger al gobierno o a los poderosos del pueblo bueno”, advirtió.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para detener la discusión, la cual fue rechazada.
Destacó que los parlamentos abiertos habían recibido más de 50 opiniones de especialistas y ciudadanos, todas señalando que la reforma es regresiva, debilita el amparo, desnaturaliza la suspensión de actos reclamados, genera indefensión frente al bloqueo de cuentas y amenaza la presunción de inocencia.
“El debilitamiento del amparo como instrumento de defensa frente a abusos de autoridad, que introduce con la reforma barreras innecesarias a la procedencia del amparo, porque se limita el interés legítimo y convierte a la suspensión en una figura no efectiva”, estableció
La senadora panista, Guadalupe Murguía, coincidió en que la reforma concentra poder en las autoridades, limita la protección a pequeños contribuyentes y debilita la suspensión del acto reclamado.
“Imaginemos una persona que tiene una casa y que en esa casa se tiene que construir un parque, por lo que la casa tiene que ser demolida. Entonces, al promover un amparo, el juez, toda vez que se trata el parque de un acto de interés social, no podría decretar la suspensión del acto reclamado. Y entonces el quejoso, aunque gane el amparo, pues ya simplemente la casa está demolida”, alertó
La priista, Claudia Anaya Mota, acusó que con esta reforma no hay un cambio de paradigma, por el contrario, hay una restricción de los derechos humanos, se incumplen los tratados comerciales, empezando por la Convención de Viena, además de que se afecta el interés legítimo por acotarlo aun cuando se hayan hecho modificaciones.
En contraste, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, afirmó que la reforma es producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil.
Explicó que moderniza el juicio de amparo mediante herramientas digitales, lo hace más ágil y eficiente, refuerza su carácter garantista y establece plazos claros y sanciones para evitar dilaciones, sin afectar los derechos esenciales.
Por MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, aseveró que la reforma es una regresión para la defensa y protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos, pues con un “plumazo” se echarán abajo los avances de la reforma constitucional en derechos humanos del 2011 y la Ley de Amparo de 2013, por lo que votarán en contra.
El morenista, , Manuel Huerta Ladrón de Guevara, añadió que el amparo debe servir al pueblo y no a intereses individuales, por eso con esta reforma se fortalece el amparo y se agilizan los procesos judiciales, a fin de acabar con los delincuentes de cuello blanco, y para evitar que, desde el sector empresarial o el crimen organizado, dejen de pagar impuestos y salgan impunes.