La madrugada de este 2 de octubre el Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La mayoría oficialista —principalmente Morena junto con sus aliados— aprobó en lo general con 76 votos a favor, 39 en contra, y luego en lo particular con 70 votos a favor, 39 en contra, una reforma que modifica la Ley de Amparo (y leyes conexas) para “modernizar” su operación.
¿En qué consiste la Ley de Amparo?
El juicio de amparo en México es un mecanismo constitucional que permite a personas físicas o morales impugnar actos de autoridad que consideren que vulneran sus derechos fundamentales. Es una pieza clave del Estado de derecho y de los contrapesos frente al poder público.
Originalmente concebido como un recurso individual, con el tiempo el amparo ha sido extendido para proteger derechos colectivos, contra actos arbitrarios de gobierno, leyes, decretos y resoluciones que lesionen garantías constitucionales.
Por eso, los cambios a su regulación tienen relevancia no solo jurídica, sino política y social: modifican quién puede usarlo, en qué condiciones, y cuán efectiva es esta protección frente a abusos del Estado.
¿Cuáles son los cambios más relevantes con la Ley de Amparo?
En cuando a los juicios digitales, los amparos podrán tramitarse de manera electrónica, —presentación, notificaciones y promociones— con equivalencia entre expediente físico y digital.
Asimismo, se amplía el plazo para que los jueces dicten sentencia en amparos indirectos: de 60 a 90 días naturales desde la audiencia constitucional.
Se establecen límites a las suspensiones cuando los actos reclaman permisos, concesiones federales revocadas, deuda pública, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o actividades sin concesión.
En cuanto al rubro de intereses legítimo, se redefine para incluir lesiones individuales o colectivas, y ya no se exige que la lesión sea “actual” o el beneficio “directo”, permitiendo la acción preventiva o colectiva.
Otro de los temas que han genrado mucha conversación es el tema de la retroactividad, se aprobó una reserva transitoria que establece que los asuntos en trámite continuarán conforme al nuevo régimen, lo que la oposición crítica como retroactividad ilegal.
Por otro lado, se agilizan recusaciones dilatorias, se mantienen responsabilidades individuales de servidores públicos por incumplimientos de sentencias, y se establece que no se afectan derechos adquiridos.
Hasta ahora, esta reforma solo ha sido aprobada en el Senado; ahora el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, publicación y entrada en vigor.
¿Habrá repercusiones en la vida política y social?
La reforma al amparo —al haberse aprobado con un trámite acelerado y con una reserva transitoria polémica— tendrá efectos relevantes tanto en el ámbito político como en el social. Por ejemplo, la concentración de poder y debilitamiento de contrapesos al restringir el uso de suspensiones y limitar el alcance del amparo colectivo, el nuevo régimen podría reducir los controles ciudadanos y aumentar la capacidad de actuación del Ejecutivo y otros órganos del Estado frente a acciones legales.
Menor margen para litigios estratégicos, es decir, organizaciones civiles, víctimas de violaciones de derechos humanos, colectivos medioambientales, defensores sociales o litigios en transparencia, podrían enfrentar trabas más grandes para usar el amparo como herramienta colectiva.
Por si fuera poco, el paso de esta reforma será interpretado como una señal de ‘totalitarismo’ del rumbo del gobierno, y puede desatar una mayor polarización entre el oficialismo y la oposición. También puede estimular nuevas reformas judiciales o legales conexas.
No obstante, también existen otro tipo de implicaciones a nivel social y ciudadano al permitir acceso a la justicia más difícil para poblaciones vulnerables, por lo tanto, personas con menor capacidad económica o sin acceso digital podrían verse afectadas si no tienen recursos para litigios electrónicos o enfrentar mayor rigidez en requisitos.
A pesar de ello, la forma en la que fue aprobada —con rapidez, con reservas controvertidas y en medio de críticas de activistas y expertos— asigna una carga simbólica. Podría generar protestas, litigios sociales, denuncias en organismos internacionales o campañas en medios sobre retrocesos democráticos.
En su fase de discusión final en la Cámara de Diputados y tras su eventual publicación, se definirá si estos cambios serán un avance hacia una justicia más eficaz o un retroceso en las garantías constitucionales.