Seguros falsos a damnificados de lluvias en la CDMX — Una investigación por violaciones a derechos humanos permitió conocer el trasfondo de los seguros falsos a damnificados por las inundaciones, al menos en la Ciudad de México: la falta de presupuesto destinado para ese propósito en la Secretaría de Administración y Finanzas.
Tras cada desbordamiento y afectación a miles de familias, las autoridades de la Jefatura de Gobierno y de las alcaldías anuncian la activación del pago de indemnizaciones, pero en realidad se trata de promesas al aire, porque se carece de fondos programados…
El 16 de mayo de 2025 un grupo de vecinos de la Unidad Habitacional Ejército de Oriente, en Iztapalapa, irritados por la burla, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Denunciaron la repartición de folios ficticios para el cobro de seguros y la presunta desviación de recursos a otros fines. Exigieron, además, el pago inmediato del seguro y, en caso contrario, una respuesta por escrito de las razones por las cuales no podía ser solventado.
Aunque habían padecido ya varios siniestros, con daños cuantiosos y, a cada evento, supuestos ajustadores de seguros les repartían nuevos folios, se concentraron en un caso: el proceso anómalo derivado de las afectaciones en su vivienda y pérdida de muebles y objetos personales durante las lluvias torrenciales del 26 y 27 de junio de 2024.
“El 26 de junio tuvimos pérdidas materiales por la inundación en la colonia Ejército de Oriente. Al día siguiente, un licenciado de nombre Alejandro Méndez Almanza (quien hoy es presentado en el organigrama de la alcaldía de Iztapalapa como Director General de Planeación y Participación Ciudadana) acudió con los del seguro a la zona para censar los domicilios y nos asignó un folio para cobrarlo”, denunciaron, según el expediente CDHCM/III/122/IZT/25/D2855.
“El 11 de febrero de 2025 -siete meses después de aquella inundación- acudimos a la Coordinación de Desastres y Siniestros de la alcaldía, ahí otro licenciado de nombre Manuel Ramírez Rubio nos comentó que el proceso de folio de pago con la aseguradora seguía activo. El 22 de abril de 2025 nos comunicamos de nuevo con él y nos informó que el pago de la póliza ya se había realizado, pero eso nunca sucedió. Nosotros no recibimos nada”.
En otro absurdo del caso, el referido funcionario Ramírez Rubio aparece en diversos documentos oficiales como Jefe de la Unidad Departamental de Control Vehicular. “Cuando acudimos por primera vez a la alcaldía buscando respuestas, tocamos varias puertas, nadie nos hacía caso. Explicábamos que éramos afectados por las lluvias y nos habían prometido el cobro de un seguro. En una de las oficinas nos dijeron: el licenciado Ramírez Rubio es el bueno, vayan con él. Lo buscamos y sí nos atendió. Supuestamente nos ayudaría. Con el tiempo nos enteramos que era el encargado de supervisar los coches, lo tomamos con un engaño más”, narraría después una de las víctimas.
A finales de mayo de 2025 la Comisión de Derechos Humanos aceptó abrir una investigación y turnó el caso a la Tercera Visitaduría, a cargo de Christopher Arpaur Pastrana Cortés.
“De la valoración preliminar de los hechos narrados se desprenden posibles violaciones al derecho a la seguridad jurídica y al derecho a un nivel de vida adecuado, imputables a servidores públicos”, indicó el organismo. “Agótense todas las diligencias, acciones y gestiones conducentes para que, de ser procedente, se obtenga la restitución de los derechos humanos involucrados en los hechos materia de la petición”, se ordenó en el acuerdo de admisión.
La CDHCM solicitó datos a todas las instancias involucradas. El 12 de junio recibió el oficio DGJ/DJ/524/2025 firmado por Gabriel Antonio Godínez Jiménez, Director Jurídico de Iztapalapa, quien reconoció el impago a las familias. Citó un informe elaborado por Tania Dolores Servín, Coordinadora de Recursos Materiales de la alcaldía, en el cual confirmó: “En relación a la inundación de los días 26 y 27 de junio de 2024, informo que la compañía aseguradora no ha entregado pago alguno a los afectados”.
El jurídico también compartió detalles de otro oficio (NA-CRMSG/2849/2024), con fecha 30 de diciembre de 2024, en el cual la alcaldía de Iztapalapa pidió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas (cuyo titular es Juan Pablo de Botton Falcón) un ajuste presupuestal de la partida 3969: “Otros gastos por responsabilidades”, con el objetivo de “contar con fondos suficientes para proporcionarle dicho recurso a la aseguradora y así continuar con la emisión de pagos”. Sin embargo, enfatizó Godínez Jiménez, pese a la insistencia de incrementar recursos, “a la fecha -seis meses después de la solicitud- no se ha obtenido respuesta”.
El 30 de junio, mediante oficio 3-13764-25 se solicitó información complementaria a la Dirección Jurídica de Iztapalapa, pero la respuesta, 15 días más tarde, fue la misma: no se han pagado las indemnizaciones pendientes a los vecinos ni la Secretaría de Hacienda ha respondido a la petición de inyectar más dinero a la partida referida.
Según la Gaceta Oficial de la CDMX, la partida 3969 se refiere a asignaciones destinadas “a cubrir robo o extravío de recursos públicos irrecuperables”, en especial relacionados con pagos “que deriven de responsabilidad civil, montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran sumas aseguradas e importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, así como aquellas erogaciones distintas que impliquen afectar el presupuesto disponible de la unidad responsable del gasto”.
Todo iba bien: las gestiones de la CDHCM permitieron conocer el nombre de la aseguradora, confirmaron los pagos incumplidos y sacaron a la luz la falta de presupuesto para sufragar adeudos con la entidad financiera y emitir los cheques respectivos. Sin embargo, como las cédulas levantadas por ajustadores para valuar daños en viviendas y enseres, la Comisión local -dirigida por Nashieli Ramírez Hernández- resultó al final un fiasco…
Aunque de acuerdo al artículo 100, fracción I de su Reglamento Interno, la CDHCM es competente para conocer de actos u omisiones que puedan constituir violaciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución, cometidas por servidores públicos, e incluso puede establecer responsabilidades objetivas y directas de las autoridades, la dependencia reculó…
Apenas hace un mes, el 29 de agosto de este año (oficio 3-20309-25), decidió cerrar la investigación sin establecer responsabilidad alguna. En el acuerdo de cierre el visitador Pastrana Cortés consideró suficiente la solicitud de la alcaldía de Iztapalapa a Hacienda para ampliar la partida presupuestal, y así contar con recursos y pagar a los afectados.
“Se debe esperar la autorización presupuestal para reparar el daño causado por las inundaciones, esto no significa una negativa para cumplir su obligación, sólo se deben esperar los trámites respectivos”, justificó de manera inverosímil.
Y algo peor: como los oficios emitidos por las autoridades implicadas y todos los pormenores de la indagatoria fueron proporcionadas a los afectados en sus domicilios, argumentó, “ya tienen certeza sobre el estado procesal del trámite de su pago, el cual dependerá de la autorización del ajuste presupuestario correspondiente”.
Se ordenó archivar el expediente para su resguardo y notificar a todos los actores involucrados.
-Ya se conoce cómo son los enjuagues en el gobierno y cómo manejan las cosas a modo. La Comisión se echó para atrás, ya no quiso hacer nada, pero al menos nos enteramos qué había detrás -expresó Carolina, quien a 20 meses de aquella inundación sigue a la espera del pago de seguro.
Este reportero fue en busca de los promotores de la queja, en la Unidad Habitacional Ejército de Oriente. Se encontró a Carolina, a Fernando, a Ivonne y a muchos otros afectados, todavía con sus fisuras, su humedad, sus muebles descascarados y su total desesperanza…
La Crónica de Hoy 2025