CDMX — La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó ante el INE una queja contra la presidenta Claudia Sheinbaum por presuntamente violar la Constitución mexicana al extender la difusión de su informe de gobierno más allá del plazo legal y convertirlo en una gira propagandística por más de 20 estados.
Los diputados advierten que la jefa del Ejecutivo ha hecho uso de recursos públicos en logística, espectaculares y mítines masivos, lo que representa una promoción personalizada prohibida por el artículo 134 constitucional.
En un comunicado señalaron que le exigen al INE emitir medidas cautelares inmediatas para suspender estos actos y garantizar la equidad, la legalidad y la imparcialidad en la vida democrática del país.
Los legisladores del blanquiazul agregaron que la primera mandataria incurre en violaciones graves a la Constitución y a la legislación electoral al utilizar recursos públicos y transformar su informe de gobierno en una gira propagandística extemporánea y personalizada.
De acuerdo con la denuncia, la Presidenta rebasó los límites legales establecidos por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que restringen la difusión del informe anual de labores al periodo comprendido entre siete días antes y cinco días después de su presentación, es decir, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2025.
“A pesar de ello, la titular del Ejecutivo inició una gira nacional a partir del 2 de septiembre, visitando más de 20 estados del país para “rendir cuentas” fuera del marco legal. Incluso, resaltaron, la Presidenta ya convocó a un mitin masivo en el Zócalo capitalino para el 5 de octubre, lo que constituye, dice la bancada panista, una “flagrante violación a la Constitución y un uso indebido de recursos públicos con fines político-electorales”.
La queja detalla que estas giras implican logística, difusión institucional, espectaculares y spots en medios de comunicación, lo que significa un uso de recursos públicos sin justificación administrativa y con fines de proyección personal.
Los diputados destacaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado en sentencias previas que la difusión de informes fuera del plazo legal constituye una infracción sancionable, pues desnaturaliza la finalidad de la rendición de cuentas y genera ventajas indebidas frente a otros actores políticos.
Recordaron que el artículo 134 constitucional prohíbe expresamente el uso de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada en la propaganda gubernamental y ordena que los recursos públicos se administren con imparcialidad.
Ante la inminencia del evento del 5 de octubre en el Zócalo, el GPPAN solicitó al INE la suspensión inmediata de dicha concentración y de todas las giras y actividades que impliquen promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos.
Laura Cristina Márquez Alcalá, firmante de la queja, advirtió que la omisión del INE en dictar medidas cautelares permitiría que continúen violaciones que podrían afectar irreversiblemente la equidad en la contienda política.
“No podemos permitir que la investidura presidencial se utilice como plataforma de propaganda política ni que se desvirtúe la rendición de cuentas. Si estas conductas se toleran, abriríamos la puerta a la utilización permanente de recursos públicos en favor de un proyecto político”, afirmó Márquez Alcalá.
El GPPAN enfatizó que esta queja no busca censurar la rendición de cuentas, sino garantizar que se realice dentro del marco constitucional.
“La ley es clara y debe cumplirse por todas y todos, incluyendo a quien ocupa la Presidencia de la República. Las reglas electorales no pueden ser ignoradas bajo el pretexto de informar”.