Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, la cual contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la propuesta tiene como objetivo que la extorsión se persiga de oficio y que no dependa de la presentación de una denuncia, además de homologar la tipificación del delito en todo el país.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la denuncia para su investigación”, precisó Godoy Ramos desde Palacio Nacional.
La funcionaria detalló que la iniciativa incluye un tipo penal básico y diversas agravantes que incrementarán las penas en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean personas migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.
Godoy señaló que este proyecto eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, la cual ya opera con la línea anónima 089, que ha mostrado resultados positivos en materia de prevención y atención ciudadana.
Asimismo, explicó que el texto propone reformas a diversos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano”, subrayó la consejera jurídica.
El Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión ya fue enviado a la Cámara de Diputados, y busca armonizar las normas y esfuerzos federales y estatales para combatir este delito que afecta principalmente a comerciantes, transportistas y empresarios.
Ley de la Delincuencia Organizada
Durante su exposición, Godoy explicó que la iniciativa también plantea la integración de la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a fin de prever que la extorsión sea susceptible de extinción de dominio, es decir, que los bienes usados o adquiridos mediante este delito puedan ser confiscados por el Estado.
Asimismo, detalló que las penas se determinarán conforme a una serie de agravantes, como los casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o funcionarios públicos, o cuando los responsables actúen desde centros penitenciarios.