Extracción ilegal de agua — Tres días después de la operación “Caudal” contra el robo y extracción de agua de forma ilegal en el Estado de México, lo que derivó en la clausura de 51 pozos, 138 tomas clandestinas y el aseguramiento de decenas de pipas en 48 municipios de la entidad, el gobierno mexiquense subrayó que no habrá titubeos contra este delito y se aplicará todo el rigor de la ley.
La administración de la Gobernadora Delfina Gómez subraya que el Estado de México es de las entidades más avanzadas en la legislación contra la extracción, distribución y comercialización del agua, por lo que se actuará para llevar ante la justicia a quienes incurran en este delito.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, destaca en su Artículo 145 ter, que quien distribuya agua potable a través de pipa, sin contar con el permiso de distribución o dictamen de factibilidad correspondiente, expedidos por la autoridad competente, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta doscientos días multa.
En este contexto, en su Artículo 145 quater, se destaca que quien distribuya agua potable a través de pipa y utilice una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa.
El mismo Código Penal en su Artículo 145 quinquies, resalta que al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, se impondrá de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 días multa.
La misma legislación indica que a estos delitos se pueden agregar cuando se cometen conductas por delitos en contra de la economía (acaparamiento) o extorsión (obligan al usuario a adquirir con comerciantes de una agrupación específica), entre otros.
En esta línea el Gobierno del Estado de México reitera que se aplicará la ley sin titubeos.
La C rónica de Hoy 2025