La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad expedir la Ley General para Investigar y Sancionar el delito de extorsión, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que destaca por retroactividad en beneficio, además de que se perseguirá por oficio y, conforme a la Constitución, amerita prisión preventiva oficiosa, y con una pena máxima de 15 años.
La nueva ley establece retroactividad en beneficio, por lo que estipula que las autoridades jurisdiccionales analicen los casos conforme se delinea en este marco normativo para la reducción de penas.
Con 456 votos, el pleno avala que esta conducta se identifique como la conducta que consiste en obligar a otro, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro (para sí o para otro) o causando un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o sicológico, y que se castigará de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En lo que va del año, en el país se ha reportado alrededor de 900 casos, pero con la nueva ley la investigación de este delito se atenderá por oficio.
Durante el debate de más de tres horas, legisladores del PRI expusieron que con esta nueva ley al menos 500 presos podrán obtener su libertad, presos que “han cometido el delito de extorsión”.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la extorsión es un delito pluriofensivo que no se limita a daños patrimoniales, sino que también atenta contra la paz, la seguridad y el bienestar síquico, social y emocional.
Expedir una nueva en materia de extorsión tiene el fin de dar respuesta al crimen organizado
“La extorsión es un ‘modus operandi’ del crimen organizado para obtener ingresos considerables, afectando a empresas y el desarrollo económico y social en forma colectiva. La inclusión del delito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada busca enfrentar estas estructuras”.
En tribuna, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la extorsión no tiene fronteras.
“Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga.
Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades. Además, se protege la identidad de las víctimas y testigos. Se podrán (inaudible) y esto es fundamental, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes. La extorsión ya no es sólo el lamentable cobro de piso. Hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto o incluso desde dentro de las cárceles como los llamados o también como los llamados montachoques y hasta con los préstamos que se dominan o mal conocidos como gota-a-gota”, dijo el legislador por la Ciudad de México.
Explicó que la nueva ley contra este delito grave provee de herramientas para su pronta investigación.
“¿Por qué una ley general? Porque la extorsión no conoce fronteras, porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad. En algunos estados se castigaba con fuerza este delito, en otros eran criterios diversos y mientras tanto los delincuentes se aprovechaban de estas diferencias para poder delinquir libremente.
“Por eso esta ley nace como ley general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal”.
Con este nuevo marco normativo el Estado mexicano deberá actuar como un solo frente, que la Policía Municipal, la Fiscalía Estatal, la autoridad Federal trabajen juntas con la misma información y las mismas reglas, porque cuando la ley se aplica de forma distinta el crimen se aprovecha, pero cuando el país se coordina el crimen retrocede.
En cuanto al castigo el dictamen de debate señala que a diferencia de algunas legislaciones locales que han impuesto penas desproporcionadas (como Chihuahua o Estado de México, que fueron declaradas inconstitucionales), la propuesta de pena básica (6 a 15 años) se apega al principio de proporcionalidad, buscando la justa punibilidad acorde con daño el causado
A diferencia de algunas legislaciones locales que han impuesto penas desproporcionadas (como Chihuahua o Estado de México, que fueron declaradas inconstitucionales), la propuesta de pena básica (6 a 15 años) se apega al principio de proporcionalidad, buscando la justa punibilidad acorde al daño causado.
La ley es clara al indicar que ahora se reconocerá su naturaleza pluriofensiva, es decir, que hay un daño patrimonial, moral, físico, sicológico, de seguridad y a la paz social.
Tras la votación en lo general, diputados de todas las bancadas presentaron reservas a diversos artículos, aunque sólo se espera que se apruebe la del morenista Hugo Erick Flores Cervantes.