El gobierno municipal de Tlalnepantla ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que incorpore una nueva línea de investigación respecto al asesinato de Luis Antonio Gutiérrez Herrera, quien se desempeñaba como exdirector de Administración. La petición busca establecer un posible vínculo entre el crimen y una compleja red de presuntas irregularidades financieras.
En declaraciones a la prensa, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, reveló que existe una denuncia penal por la falsificación de la firma del funcionario fallecido. Esta presunta suplantación habría sido utilizada para avalar expedientes de contratación pública, con un monto total que supera los trescientos millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones internas, las firmas atribuidas a Gutiérrez Herrera aparecen en al menos cuarenta expedientes de contratación correspondientes al periodo 2022-2023. La variedad de los conceptos involucrados es amplia, abarcando desde la adquisición de uniformes para Seguridad Pública y Protección Civil hasta servicios de tecnología, eventos y materiales de construcción.
El exfuncionario, quien laboró durante la administración del ex alcalde Antonio Rodríguez Hurtado, fue privado de la vida el pasado 27 de abril de 2024. La nueva solicitud ante la fiscalía estatal pretende que se determine si su homicidio guarda relación con los actos de corrupción que se están destapando.
Para comprobar la autoría de las rúbricas, se realizó un minucioso peritaje caligráfico que contrastó las firmas presentes en los contratos cuestionados con las muestras legítimas del extinto director, obtenidas de sus recibos de nómina y otros documentos oficiales.
Los resultados del dictamen forense fueron contundentes. Los expertos concluyeron que “las firmas cuestionadas no provienen y no fueron realizadas por el puño y letra de Luis Antonio Gutiérrez Herrera”, señalando además la presencia de “alteraciones y modificaciones” evidentes.
Esta situación ha generado una grave preocupación en la actual administración, que busca depurar las prácticas irregulares del pasado. La presunta falsificación masiva de documentos apunta a un esquema de desvío de recursos públicos de considerable magnitud, que ahora será investigado en el contexto de un crimen violento.