En medio de los reclamos empresariales y de la población en general, el Senado perfila aprobar un dictamen para endurecer las sanciones por extorsión con una pena máxima de hasta 41.6 años de prisión para quienes incurran en este delito, uno de los más sensibles y que más daño causan a la ciudadanía y empresas.
Después de varios días de discusión, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera, del Senado concluyeron el análisis respectivo donde la modificación central consiste en elevar el tipo penal básico de 25 años de prisión a 41.6 años en los casos más graves.
De acuerdo con el documento circulado entre las comisiones dictaminadoras, el objetivo es fijar estándares uniformes para todo el país y cerrar los espacios legales que han permitido la operación de bandas dedicadas a este ilícito, tanto en calle como desde centros penitenciarios.
El proyecto establece que las penas aumentarán significativamente cuando la extorsión se cometa con violencia, cuando se realice a través de amenazas que pongan en riesgo la vida o cuando el delito sea perpetrado desde un centro de reclusión, una modalidad que se ha convertido en una de las principales fuentes de operación de grupos criminales.
La iniciativa busca que las entidades federativas armonicen sus legislaciones para evitar que la extorsión continúe siendo un delito con altos niveles de impunidad y sanciones dispares.
El proyecto de dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que incorpora cambios de fondo respecto a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre, también contempla mecanismos para mejorar las investigaciones, fortalecer la coordinación entre fiscalías y garantizar la atención a víctimas.
El dictamen está en condición de discutirse en comisiones este martes para posteriormente pasar al pleno del Senado, el miércoles donde se prevé que reciba amplio respaldo debido al consenso generado en torno a la urgencia de frenar este delito, considerado uno de los de mayor impacto económico y social, asociado tanto a estructuras criminales como a prácticas extendidas de cobro de piso, extorsión telefónica y amenazas contra comercios, transportistas y familias.
La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).