En 1994 lo impensable estaba ocurriendo, una guerrilla de izquierda e había levantado en armas y avanzaba sobre centros urbanos del sureste del país, específicamente en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se daba a conocer y en su toma de territorio no sólo ocupó grandes ranchos ganaderos, sino también pequeñas parcelas y terrenos en los municipios chiapanecos de Ocosingo y Altamirano.
Los propietarios y sus familias, de facto, quedaron atrapados en una negociación en la que no tuvieron voz. Los sucesivos gobiernos, tratando de eliminar cualquier riesgo de una nueva confrontación armada, legitimaron esa toma de tierras.
Los pequeños propietarios que fue desplazado de manera forzosa de sus tierras continúan hoy, treinta años después, exigiendo a los gobiernos federal y estatal una indemnización por la pérdida de sus propiedades.
Apenas en julio de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador les reconoció públicamente la necesidad de atender sus demandas, comprometiendo al entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a brindarles atención.
Después de esta nueva esperanza, el asunto volvió a estancarse.
Los afectados se han agrupado en la organización denominada “Pequeños Propietarios Desplazados del 94”, cuyo representante es Gustavo Martín Martínez Navarro. Son al menos 140 familias que vieron invadidas sus tierras desde el mismo 1 de enero de 1994.
La superficie total de las tierras perdidas es de siete mil hectáreas, según la información de la organización, con un valor de 100 mil pesos por hectárea.
Cabe resaltar que se trata, en muchos casos, de pequeños propietarios que vivían en la misma precariedad que los campesinos que se alzaron en armas en ese 1994. De hecho, los desplazados denuncian que funcionarios han aprovechado la falta de alfabetización o desconocimiento de temas legales para hacerles firmar acuerdos cuyo alcance no comprendían plenamente, mismos con los que se les indica que ya fueron indemnizados.
En realidad, aseguran, han recibido apoyos directos de los que AMLO institucionalizo, pero el pago de las tierras nunca se ha dado.
En abril de 2022, la Cámara de Diputados, mediante un Punto de Acuerdo, exhortó al Ejecutivo Federal a asumir el compromiso de atender esta indemnización.