Con 40 modificaciones a 15 artículos y la incorporación de un transitorio, el Senado aprobó por unanimidad la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se busca incrementar hasta 42 años la penalidad máxima aplicada a este delito que provoca un daño anual estimado de 124 mil millones de pesos a empresas y comercios.
Con ello se establece por regla general la imposibilidad de obtener beneficios como libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena en el delito de extorsión.
Por primera vez las penas para este delito serán homologadas en todo el país y convierte a la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.
La nueva legislación busca frenar modalidades como el cobro de derecho de piso por parte de células criminales, los llamados montachoques, así como los abusos cometidos por supuestos o auténticos policías que exigen pagos ilegales así como la extorsión telefónica desde cárceles, para lo cual se otorgó un plazo de seis meses para que los penales tomen medidas a fin de terminar con esta práctica.
El Senado remitió este miércoles a la Cámara de Diputados, con el fin de que la colegisladora se allane a los cambios y ratifique la legislación.
La ley aprobada por unanimidad de votos fortalece el marco jurídico para combatir la extorsión, estableciendo con claridad la definición del delito, las penas aplicables y las circunstancias agravantes, así como los delitos vinculados y las medidas de protección a víctimas y testigos.
En ese sentido este delito se perseguirá de oficio, y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) pero
Sin embargo, la ley establece aumentos en la pena según la gravedad de las circunstancias sobre todo si se utiliza violencia física, armas, o se pretenda impedir denuncias.
Si el sujeto se hace pasar por miembro de un grupo delictivo o servidor público, se afecta la economía de comunidades, se involucra a menores de edad o se ataca a servidores públicos, entre otros casos, con lo cual la pena se eleva hasta 17 años adicionales, con lo cual la sentencia puede llegar hasta 42 años.
NO HAY RECURSOS
El PAN en el Senado celebró esta ley pero recriminó que no se le haya canalizado recursos a figuras claves de esta ley como el Centro de Atención a denuncias o las Unidades Especializadas en Extorsión con lo cual esta nueva legislación solo quedará en una “carta de buenas intenciones”.
“No le quieran ver la cara a la población…sin recursos esta ley solo es una carta de buenas intenciones, ya basta de leyes simbólicas, México ya no soporta las simulaciones, basta de cartas de buenas intenciones”, recriminó
El senador del PAN, Marko Cortés consideró que solo se quiere mandar un mensaje al mundo de que se está atacando la extorsión sobre todo ante la preocupación de la comunidad europea o la negociación del T-MEC, pero en la realidad es una farsa porque esa ley no está acompañada de recursos.
El PRI a través de la senadora, Carolina Viggiano, destacó que la extorsión ha aumentado en México debido a diversos factores, entre ellos la complicidad de gobiernos anteriores con el crimen organizado.
Recordó la estrategia del gobierno anterior de “abrazos, no balazos”, que según la senadora, permitió a los delincuentes operar con impunidad y con la omisión de las fuerzas de seguridad, lo que se reflejó en cifras históricas de homicidios y desapariciones forzadas.
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, consideró que esta ley representa un cambio de estrategia frente al crimen organizado, en contraste con políticas pasadas, y permite avanzar hacia un país donde las y los mexicanos puedan vivir sin miedo y con plena libertad.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, destacó que la ley busca cerrar las brechas de impunidad en torno a este delito, considerado el tercero con mayor incidencia en México.