La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un paquete de reformas enfocado en transformar el marco legal que regula el manejo del agua en México. Las propuestas, basadas en los Artículos 4 y 27 Constitucionales, buscan reconocer el agua como un bien estratégico y un derecho humano, dejando atrás prácticas especulativas y desigualdades que han marcado su administración durante décadas.
Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó que uno de los pilares centrales es devolver al Estado la exclusividad en el otorgamiento de concesiones, prohibiendo su transmisión entre particulares. Este cambio pretende impedir que el recurso se trate como mercancía, rompiendo con esquemas que han permitido la acumulación de grandes volúmenes de agua por parte de usuarios con mayor poder económico.
El titular de la dependencia enfatizó que, pese a la desinformación generada en días recientes, la reforma no afecta la herencia ni la compraventa de tierras. El binomio tierra-agua se mantiene garantizado: en cualquier transacción, la persona adquiriente recibiría su propio título de concesión bajo las reglas del Estado, sin restricciones adicionales ni pérdida de derechos.
Otro eje relevante es el combate frontal al robo de agua y a la operación de sistemas ilegales de extracción. Para ello, se fortalecerán los mecanismos de vigilancia, los sistemas de medición y la transparencia mediante un registro público de concesiones. Morales detalló que lo que no se mide no se puede eficientar, por lo que la tecnificación y el monitoreo serán componentes esenciales.
La reforma también eliminará prácticas como los cambios de uso discrecionales, que han permitido que agua originalmente destinada al sector agrícola termine abasteciendo industrias o desarrollos inmobiliarios sin supervisión estatal. Con ello, se busca equilibrar el acceso entre grandes usuarios y pequeños productores, especialmente en zonas rurales donde la escasez es constante.
Conagua subrayó que el objetivo es corregir desigualdades históricas y fortalecer los sistemas comunitarios de agua como actores legítimos en la gestión del recurso. Además, se propone la creación de un fondo de reserva destinado a garantizar el suministro en comunidades indígenas y rurales que carecen de concesiones vigentes, priorizando su derecho al acceso seguro y suficiente.
El paquete de reformas también plantea impulsar la eficiencia hídrica mediante mejoras tecnológicas en el campo, regular la captación pluvial para no alterar los ciclos naturales y asegurar que todo aprovechamiento ocurra bajo criterios de sostenibilidad.