Docentes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) denunciaron presuntos actos de hostigamiento laboral, campañas de desprestigio y represalias contra integrantes de la organización sindical que busca obtener su registro formal ante las autoridades laborales.
En una entrevista con La Crónica de Hoy, Samantha Fouilloux y Javier Gámez, integrantes del comité de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la UNRC (ASUTEUNRC), señalaron que fueron despedidos después de meses de confrontación con autoridades universitarias, durante los cuales, aseguraron, se les restringieron espacios para actividades académicas, recibieron evaluaciones que consideraron anormalmente bajas y fueron objeto de distintas medidas que interpretan como parte de una estrategia para debilitar al sindicato.
Ambos sostienen que no recibieron previamente sanciones, llamadas de atención ni fueron sujetos a procedimientos administrativos.
Javier contó que el pasado 17 de agosto fue citado por medio de un correo institucional para acudir al plantel ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero a recoger su asignación docente para el semestre 2026-2. Sin embargo, al llegar, le informaron que ya no tendría continuidad en su nombramiento.
“Me citaron porque no me iban a dar mi asignación, pero sí para informarme que estoy cesado”, declaró Gámez.
De acuerdo con su testimonio, las autoridades le indicaron como motivos administrativos la falta de una constancia de compatibilidad de horarios por una actividad docente que también realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus resultados en evaluaciones docentes.
Javier cuestionó ambos argumentos y puntualizó que nunca tuvo un procedimiento previo que le concediera defenderse de esas acusaciones. Afirmó que solicitó en repetidas ocasiones una copia del documento mediante el cual se determinó su separación, pero que las autoridades no se la entregaron.
En el caso de Samantha, la docente comentó que fue citada previamente bajo el argumento de que debía recoger información relacionada con sus materias y que, al acudir, recibió un documento de cese.
La profesora sostuvo que una de las razones señaladas por la UNCR estaba relacionada con las evaluaciones docentes, pese a que recientemente recibió una evaluación en la que obtuvo una calificación de 8.7 sobre 10, con la apreciación estudiantil como el rubro con mayor puntuación.
“Ahí vemos que eran puras mentiras porque mencionan que tengo quejas, que están inconformes, que quisieron juntar firmas”, aseguró Fouilloux.
Hostigamientos
Los docentes revelaron que las tensiones comenzaron a intensificarse luego de que la ASUTEUNRC empezó a intervenir en problemáticas laborales de profesores.
Samantha detalló que, a pesar de que todavía no contaban con el registro sindical, ya funcionaban en los hechos como una organización que recibía quejas de docentes y tenía el propósito de gestionar soluciones ante las autoridades.
A partir de entonces, dijo, iniciaron los obstáculos para realizar actividades académicas. Entre ellos, mencionó la negativa o dificultad para adquirir espacios para conferencias, foros y otras actividades.
Fouilloux denunció evaluaciones docentes que calificó de “ridículamente bajas”, con puntuaciones de 1.5 o 2.5, pese a que, según su versión, los profesores tenían proyectos asignados directamente por Rectoría, como el Modelo de Naciones Unidas, cátedras y actividades culturales.
Los docentes precisaron que fueron fotografiados y grabados sin autorización dentro de las instalaciones universitarias. Desde la perspectiva de Samantha describió estas acciones como una forma de vigilancia que vulneró su privacidad.
Otro de los señalamientos está relacionado con supuestas campañas de desprestigio. Samantha apuntó que estudiantes se acercaron a ella para contarle que personal académico habría promovido la recolección de firmas para solicitar su salida.
En este caso, reconoció que no cuenta con pruebas directas de lo sucedido con los estudiantes. No obstante, enteró que posteriormente sí obtuvieron capturas de pantalla de un formulario en el que se promovía una petición en apoyo a su despido y que, durante algunos días, habría aparecido con logotipos de la institución.
Violencia de género
Samantha acusó a autoridades universitarias de incurrir en expresiones que consideró misóginas y despectivas durante una reunión en la que se discutía la situación laboral de una profesora.
Según su relato, la docente estaba siendo presionada para abandonar otro empleo porque supuestamente excedía un límite de horas laborales, algo que Samantha negó.
Durante la discusión, manifestó, un funcionario habría dicho que las mujeres utilizaban el tema de género “a su conveniencia” y habría minimizado la situación de las madres solteras.
La profesora vinculó su propio despido con un conflicto de género. Expuso que obtuvo una instrucción para impartir dos materias a mitad del semestre, de un día para otro y en horarios vespertinos que, según contó, las autoridades conocían que no podía cubrir debido a sus responsabilidades de crianza.
Samantha resumió que en las respuestas oficiales del funcionario existía un sesgo “machista y misógino” en esas decisiones y que, posteriormente, esa acusación de su parte fue incluida como uno de los elementos utilizados para justificar su separación.
Resaltó que el 8 de marzo el sindicato solicitó un auditorio para realizar un acto con mujeres universitarias sindicalistas, pero que el espacio no les fue autorizado. El evento terminó realizándose en el exterior del plantel.
Más de 300 afiliados
Pese a los despidos, Javier y Samantha reiteraron que la organización sindical continúa funcionando.
De acuerdo con Javier, la asociación llegó a contar con alrededor de 350 integrantes y actualmente mantiene aproximadamente 310, luego de que unos 10 trabajadores abandonaran la organización tras el despido de Samantha.
Los dirigentes sindicales consideran que esas salidas no representan una desbandada, debido a que algunos trabajadores decidieron retirarse por temor.
Asimismo, denunciaron presuntas represalias contra otros integrantes del comité. Como ejemplo, mencionaron a María Luisa García, secretaria de Género, quien habría recibido una asignación en la que únicamente aparece la indicación de realizar una “comisión académica”, sin asignar materias, horarios o número de horas.
A su vez, subrayaron el caso de otra integrante, Brenda, quien habría pasado de impartir entre cinco y seis materias a recibir solamente tres.
Gámez recalcó que dicha acción representa una forma de presión económica para los profesores de asignatura, debido a que una reducción en el número de materias implica también una disminución de sus ingresos.
Los docentes señalaron el despido de dos representantes sindicales de la sede de Comitán, Chiapas, quienes fueron designados a través una asamblea virtual y, según su versión, fueron separados de sus cargos pocas semanas después.
Javier consideró que esos casos podrían haber tenido el objetivo de impedir que la organización se extendiera hacia otras sedes de la universidad.
Registro sindical y reinstalación
Los docentes entrevistados proclaman que la universidad desconoce la existencia del sindicato aun cuando las autoridades educativas tenían conocimiento de sus actividades y de sus asambleas.
Enunciaron que han presentado escritos a distintas instancias, inclusive a la Presidencia de la República y organismos de derechos humanos, sin lograr una intervención que resolviera el conflicto.
Samantha destacó que los docentes entregaron a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) un expediente con fotografías, correos y otros documentos para informar sobre el presunto hostigamiento laboral y solicitar la intervención de la dependencia. Agregó que, posteriormente, acogieron un documento de la SECIHTI dirigido a la “Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos”, lo que, aseguró, constituye un reconocimiento de la existencia de la organización sindical por parte de la dependencia.
Aunado a esto, expusieron que recientemente acudieron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos sindicales.
En el ámbito laboral, Samantha precisó que ambos presentarán demandas individuales para solicitar su reinstalación y, en su caso, el pago de salarios caídos durante el tiempo que dure el litigio.
“El sindicato sigue su curso. La organización sindical sigue. Eso es imparable”, comunicó Fouilloux.
Adicionalmente, procuran conseguir la llamada toma de nota que formalice el registro de la organización.
Entre sus principales demandas se encuentran una asignación docente acorde con el perfil académico de cada profesor, horarios menos fragmentados entre planteles, consideración de las responsabilidades de crianza, reconocimiento salarial de acuerdo con el grado académico, mejores condiciones de infraestructura y acceso de los docentes a los recursos tecnológicos necesarios para impartir clases.
Javier aclaró que el concepto de precarización laboral que plantea el sindicato no se limita al salario, ya que integra la forma en que se organizan los horarios y las cargas académicas.
Gámez ejemplificó que, un profesor puede comenzar a impartir clases a las 7:00 horas en un plantel, trasladarse a otra sede para impartir una segunda materia y posteriormente desplazarse nuevamente hacia otro punto de la ciudad.
“Eso es precarización laboral”, instó.
Igualmente, recalcaron que algunos docentes deben utilizar sus propios datos móviles para llevar a cabo las clases debido a que, aunque existe conexión a internet en determinados planteles, no siempre se facilita el acceso al profesorado.
Para Samantha y Javier, el conflicto trasciende sus despidos y muestra una disputa por el derecho de los trabajadores universitarios a organizarse.
“Es un golpe al sindicalismo en México”, ratificó Samantha, al reafirmar que continuarán con la organización si bien ya no puedan ingresar a los planteles donde trabajaban.
La profesora añadió que, en su caso, la prohibición de ingresar a las instalaciones también afecta sus estudios de doctorado en la propia universidad, pues el documento que recibió tras su separación establece que no puede acceder a las instalaciones.
Los docentes insistieron en que su objetivo es que la organización reciba reconocimiento formal y pueda participar en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de la institución.
La Crónica de Hoy 2026