El Gobierno federal se desmarcó del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, pese a las imputaciones que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, y aseguró que se trató de una “determinación de carácter personal” del mandatario estatal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar, “en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con el avance de las investigaciones, y proporcionar la información adicional que considere pertinente”, sobre este caso.
Rocha Moya regresó este viernes al cargo al argumentar que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas “que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna; o sea, no he cometido ningún delito”, en referencia a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hasta este momento, la FGR no se ha pronunciado sobre las declaraciones del gobernador de Sinaloa.
Las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya
El 28 y 29 de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, solicitó formalmente a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de nueve personas más, entre ellas funcionarios y exfuncionarios. Se les acusa de presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Gobernación recordó que solicitó “de manera reiterada” al Gobierno de Estados Unidos el envío de las presuntas pruebas que ligaban a Rocha Moya con actividades del Cártel de Sinaloa, una petición que no ha sido respondida.
“La Secretaría de Gobernación refrenda su respeto a las facultades de las instituciones competentes y al debido proceso”, agregó.