Advierte Movimiento Ciudadano que AMLO pretende un “golpe brutal a Constitución”
La bancada emecista señala que no permitirá que el Presidente transfiera la Guardia Civil al mando militar como lo anunció este lunes
Guardia Nacional a la Sedena
Jorge Álvarez Máynez (centro), coordinador de Movimiento Ciudadano, .
La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados calificó como "un golpe brutal a la Constitución" el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional pasará al mando militar a través de un decreto que, dijo, publicará próximamente.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los legisladores emecistas, indicó que el decreto sería un instrumento que contravendría directamente lo establecido en diversas disposiciones constitucionales, empezando con el artículo 21 de la Carta Magna que señala con claridad meridiana que la Guardia Nacional es “una institución policial de carácter civil”, la cual debe ubicarse administrativamente en “la secretaría del ramo de seguridad pública”, así como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecidos en los casos Alvarado Espinoza y otros Vs. México, Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México y Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, en que ha determinado que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles.
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En su posicionamiento, difundido a través de cuenta de Twitter, Álvarez Máynez dijo que los criterios internacionales han insistido en que la disciplina militar no puede pasar por encima del orden civil. La intención del presidente implicaría un retroceso en ese sentido.
"La decisión presidencial de tratar de modificar la Constitución por vía administrativa no es producto de la ignorancia. En la Presidencia de la República hay plena conciencia que la reubicación administrativa de la Guardia Nacional en la Sedena requiere de una reforma constitucional. Pero pasar por la aduana legislativa requiere de argumentos y eso es lo que ha faltado desde el inicio de esta discusión. El gobierno no ha pasado de generalidades al defender su propuesta y no puede responder preguntas básicas: ¿Qué problemas concretos se resuelven o qué riesgos específicos se atajan trasladando la Guardia Nacional a la Sedena ¿Por qué la integridad de la GN estaría más blindada en la Sedena que en la SSPC?", se preguntó el legislador.
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Advirtió que ante la serie de problemas que enfrenta la administración pública en materia de seguridad el gobierno quiere rehuir el debate porque no quiere revelar la motivación real detrás de la reubicación propuesta: "Resolver el enorme entuerto administrativo que ha supuesto la construcción de la Guardia Nacional.
"Ese cuerpo es una enorme simulación. Supuestamente se encuentra bajo el mando de la SSPC, pero es para todo fin práctico una extensión de las Fuerzas Armadas. Más del 80% de su personal tiene plaza y cobra sueldo en la Sedena o la SEMAR. Casi todas sus instalaciones y equipo están en el inventario de la Sedena, no de la Guardia Nacional", agregó Jorge Álvarez Máynez.
El diputado federal indicó que tanto el presidente de la República como los altos mandos militares saben que ese arreglo institucional es frágil, sino es que abiertamente irregular. Saben que avalarlo los ha puesto en riesgo administrativo y legal. Y buscan por tanto cimentarlo antes de que cambien los equilibrios políticos. Y, lo más importante, está propuesta no resuelve el enorme problema de inseguridad que vive el país", señaló.
El líder de los asambleístas de Movimiento Ciudadano refrendó su postura de que no se permitirá que este decreto se materialice.
"Utilizaremos todos los medios jurídicos y políticos a nuestro alcance para frenar este golpe brutal a la separación de poderes. Queremos un país en paz y sabemos que esta decisión presidencial no nos acerca a ese escenario. Nos pronunciamos por recuperar la vía civil en la política de seguridad y nos declaramos dispuestos a tener un debate serio sobre el futuro de la justicia en México".
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