Congreso de Aguascalientes da “luz verde” a la despenalización del aborto
La reforma refiere que el aborto no estará tipificado como delito siempre y cuando se lleve a cabo en las primeras 12 semanas de gestación
marea verde
El pleno de la Primera Sala de la SCJN de la nación reiteró la procedencia constitucional de la interrupción del embarazo en cualquier parte del país.
Luego de una sesión privada, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto el pasado miércoles 13 de diciembre, tras un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 30 de agosto, para que, en la última sesión de este año, quedara asentada la legislación o modificación a esta cuestión.
En este sentido, la reforma refiere que el aborto no estará tipificado como delito siempre y cuando se lleve a cabo en las primeras 12 semanas de gestación. En este sentido, las y los diputados locales votaron la iniciativa por vía cédula. Bajo este tenor, no se puede ver el sentido del voto de cada legislador.
En consecuencia, el Congreso del estado no ha dado a conocer de manera oficial más detalles sobre este hecho ni la jurisdicción en los que se efectuó la legislación.
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No obstante, a pesar del logro, el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz, puntualizó que a pesar del derecho que confiere a las mujeres para abortar, tendrán que presentarse ante un comité, el cual dialogará para convencerlas de no realizar un aborto. Acto seguido, tendrán las personas del comité que autorizar dicho procedimiento.
Asimismo, Galaviz indicó que en el estado de Aguascalientes no hay médicos que quieran realizar este procedimiento, como tampoco existe una ley que los obligue a hacerlo, puesto que, desde su perspectiva, se trata de una cuestión médica y no legal.
Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en todo México a inicios de septiembre de este año. Esta reforma implica que deberá existir una modificación en el Código Penal Federal, así como la obligación de las instituciones públicas federales de prestar dicho servicio de manera gratuita. Asimismo, el personal que realice el procedimiento no podrá ser criminalizado.
