La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por el que el Poder Legislativo derogue del Código Penal Federal todo el articulado que criminaliza y encarcela a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible, también conocido como “día por la despenalización y legalización del aborto, el órgano garante destacó México debe transitar hacia la máxima protección y respeto de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, "sin ser nunca más criminalizadas y sujetas a investigaciones ministeriales o enfrentar alguna medida de internamiento y de prisión por la interrupción de un embarazo".

La CNDH también pidió que la Defensoría Pública Federal atienda los casos de mujeres que se encuentren recluidas en algún centro penitenciario y recobren su libertad.

Aseguró que conforme a la sentencia emitida en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este organismo ha dado seguimiento a los casos de las mujeres que han enfrentado o enfrentan procesos penales por la interrupción del embarazo.

"De las respuestas que a la fecha han enviado las autoridades invocadas, los 32 sistemas penitenciarios estatales, el sistema penitenciario federal y de prisiones militares, han referido que en los centros penitenciarios que albergan mujeres en sus entidades y en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (CEFERESO 16) Femenil no se cuenta con mujeres en prisión preventiva o sentenciadas en prisión por haberse practicado un aborto o haber asistido en dicho acto", destacó a través de un comunicado.

Indicó que respecto a las mujeres sentenciadas por el delito de aborto, de los 32 Poderes Judiciales locales sólo nueve contestaron, y de éstos, el Poder Judicial de Campeche indicó contar con un caso, quien compurga su sentencia en libertad; así como el Poder Judicial de Yucatán informó sobre dos mujeres adolescentes a las que se les impuso la medida no privativa de libertad, coincidiendo ambas instancias en que dicha información fue enviada a las Defensorías Públicas regionales para su posible atracción.

Sin embargo, ante el registro de los casos que se tienen documentados, la CNDH insistió en la urgente revisión en cada una de estas instituciones y en todas las entidades del país, a fin de que no existan casos de mujeres internas en centros penitenciarios por haber interrumpido su embarazo.

"Si a la fecha se identifica algún caso, se pide que se generen acciones legales y administrativas articuladas que les permita obtener su libertad en poco tiempo, al haberse declarado inconstitucional sancionar tal conducta, máxime cuando el embarazo ha sido producto de una agresión sexual", subrayó.

Insistió en que el Poder Legislativo realice las reformas necesarias para despenalizar a nivel nacional la interrupción del embarazo voluntario y asistido, y así coadyuvar a la liberación inmediata de mujeres en reclusión que, en su caso, se lograran identificar para que se deje sin efecto o sin materia cualquier investigación ministerial, proceso penal, medida, sanción o sentencia que estén enfrentando en libertad.