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La Corte ordena revelar informes sobre el proceso de desafuero de López Obrador

Por unanimidad, el pleno del alto tribunal confirmó la resolución del INAI y se pronunció se hagan públicos los cinco documentos relativos a este caso

no hay afectación a la seguridad nacional

Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional

Cuartoscuro

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que entregar y hacer públicos los documentos respecto al proceso de desafuero que enfrentó el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno, no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La información la resguardó el desaparecido Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), por lo que el hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debe facilitar una versión pública de los documentos a ese proceso de desafuero de 2005.

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El pleno de la Corte resolvió así el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2019, promovido por el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual confirmó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dictada en el recurso de revisión 1489/19 ante ese instituto.

En su resolución, el órgano de transparencia determinó que “no es procedente calificar como reservada la información contenida en 14 documentos relacionados con las elecciones de 2012, y cinco documentos relativos al desafuero de 2005 de la persona que a partir de 2018 ocupa el cargo de Presidente, por lo que ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia, entregar esta información”.

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La Corte consideró que la divulgación de documentos no supone un riesgo para la seguridad nacional, pues no se refiere a información relacionada con normas, procedimientos o métodos del Cisen, que pudieran generar una afectación al desarrollo de actividades de inteligencia, contrainteligencia o actuación en contra de la delincuencia organizada; ni pone en riesgo la seguridad de quien se ostenta actualmente como Presidente de la República, como lo sustentó la ministra Norma Lucía Piña.

Los ministros dejaron en claro que los documentos únicamente contienen información relacionada con acontecimientos políticos de conocimiento público, a los que dieron seguimiento los medios de comunicación y que no corresponden al contexto político y electoral actual.

Arturo Zaldívar, ministro presidente, dijo que este asunto quedó definitivamente resuelto por unanimidad.