Defensores públicos están rebasados y sin presupuesto
Pese a la promesa en 2020 del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de contratar más "defensores del pueblo", la contratación se detuvo como nunca en los últimos tres años ante la reducción presupuestal sustancial de 17 mil mdp
Austeridad
La reducción del presupuesto al IFDP ocasionó una defensa débil, escasa y poco efectiva para personas pobres encarceladas por delitos federales
De 2021 a 2023 el presupuesto asignado al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), sufrió una reducción sustancial, de 17 mil millones de pesos, lo que en los hechos significó defensa débil, escasísima y poco efectiva de personas pobres encarceladas por delitos federales.
Este pilar de los juicios orales, ya que está dirigido a quien no puede pagar un abogado, además vive el congelamiento de plazas de los llamados defensores de oficio.
En los últimos tres años la contratación de defensores públicos se detuvo como nunca, pese a la promesa en 2020 del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de contratar más “defensores del pueblo”.
Según información obtenida vía transparencia al 31 de mayo del presenta año, existían en México 837 defensores públicos a nivel federal; sin embargo, sólo 282 cuentan con nombramiento de defensor público a partir de 2018.
Los 555 restantes no han obtenido su plaza debido a la austeridad financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF) que toca obviamente al IFDP, entre otras causas.
"Soy invisible, voy a morir de viejo en prisión sin haber matado a nadie"
En los reclusorios mexicanos existen personas presas que sin haber cometido delito alguno no han tenido dinero para la contratación de un abogado privado. A muchos de ellos los defensores públicos que les fueron asignados no les han dedicado el tiempo necesario a su defensa.
Existen entidades el país donde los defensores públicos son escasos. La misma presidenta del PJF, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció días atrás al defender su solicitud de presupuesto para 2024 que parte de ese dinero se dedicará el fortalecimiento del IFDP “que evidentemente está rebasado”.
La información oficial obtenida por transparencia, refuerza esa idea y están los casos de Tlaxcala y Campeche donde solo cuentan con 8 defensores públicos cada uno.
O los estados de Zacatecas, Yucatán y Colima que tienen 9 defensores públicos cada uno. Querétaro cuenta con 10 y los estados de Durango y Aguascalientes con 11 cada uno. Baja California Sur e Hidalgo cuentan con 12, igual cada uno.
El mayor número de ellos, pero donde también se refleja esa insuficiencia son la Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Estado de México que tienen 91, 75, 54 y 53, respectivamente.
En 2021 el IFDP ejerció un presupuesto de 22 mil 397 mdp, pero quedó en 4 mil 931 millones 276 pesos en 2023
Presos pobres afectados por austeridad
La información oficial entregada, señala que en 2021 el IFDP ejerció un presupuesto de 22 mil 397 millones de pesos, mismo que sufrió una modificación que lo redujo al máximo hasta quedar en 4 mil 931 millones, 276 pesos.
Para el ejercicio fiscal de 2022 le fue asignado un presupuesto de 22 mil 124 millones de pesos, pero igual sufrió una modificación que lo redujo a la mitad.
Para el presente ejercicio de 2023 fueron aprobados 10 mil, 030 millones de pesos pero una modificación lo dejo en 9 mil 872 millones de pesos.
Al igual que la reducción en sus presupuestos la atención prestada a quien ha requerido de la asistencia de un defensor público se ha reducido considerablemente y eso se observa en un comparativo de lo sucedido en los años de 2021 con los atendidos en 2022.
Hay que recordar que 2021 fue el segundo año intenso por la pandemia de Covid-19, iniciada en 2020. Sin embargo tuvo un número alto de atenciones de defensores públicos a presos y presas.
Según la información oficial en ese año de 2021 los defensores públicos atendieron dentro del sistema penal acusatorio 57 mil 928 casos. En tanto que al año siguiente esas atenciones se redujeron a 24 mil 181 casos.
Por cierto el año de inicio de la pandemia de 2020 las asesorías jurídicas tuvieron una reducción mínima. Dentro del mismo sistema penal acusatorio fueron atendidos 43 mil 393 casos, contra 56 mil 235 en 2019.
Para 2023 las asesorías de defensores públicos al primer semestre del año llegó a 10 mil 146 casos. Lo que en opinión de especialistas apuntan a una reducción considerable de asesorías a gente presa que no tiene para pagar un abogado privado.
Dentro del sistema penal mixto la situación no es diferente. Tenemos que la asesorías que brindan los defensores públicos a los presos que lo requieren, igual ha ido a la baja.
Para 2019, alcanzó la cifra de 23 mil 070 casos. En 2020 inicio el declive y llegó a 7 mil 507; para 2021 los defensores públicos cubrieron 8 mil 260 casos y para 2022 bajo a 7 mil 391 casos. A junio del presente año se ha dado a asesoría 2 mil 149 casos.
La contratación de defensores públicos se detuvo como nunca
Invertir más en defensores
Los presupuestos reducidos han empobrecido todo: desde la falta de copias de carpetas de investigación para los juicios, hasta la falta de papel sanitario o agua para procesados y defensores; pero también la apertura de plazas para acabar con la falta de defensores. No hay convocatorias a plazas, no hay capacitación, entre otros muchos.
Para la abogada Diana Cristal González Obregón “si el presupuesto es menor a quien se afecta es a los pobres. Se afecta a gente inocente indebidamente encarcelada”. Pide que el presupuesto que viene para 2024 sea mayor al de los últimos cinco años.
Sabe de lo que habla. González Obregón participó en 2014 como autora principal en el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales en México. “Me indigna como abogada el que exista un presupuesto tan austero para la defensa de los pobres”.
En entrevista señala que con la austeridad en los presupuestos del IFDP se provoca que los defensores públicos dejen o muestren poco interés en los casos que se les asignan. Pide al gobierno federal que recapacite en esa política de austeridad.
Y para ello pone un ejemplo de las cargas de trabajo de esos defensores y por igual en ministerios públicos de la Unidad de Género. Afirma que en promedio estos atienden alrededor de 300 carpetas de investigación al mes. Cada una de ellas significa en promedio unas mil hojas.
“Es humanamente imposible que un defensor le de atención correcta a una investigación. La materia penal es de las más delicadas porque en el caso de la defesa peligra el bien jurídico tutelado que es la libertad de un ser humano”.
Sugiere que México debe invertir más en la impartición de justica “los defensores públicos, ministerio público y policías deben ser los mejor pagados; habría un mejor desempeño y se elimina la corrupción”.
La austeridad mal entendida en la impartición de la justicia “con un presupuesto paupérrimo indigna y se abre la puerta a la violación de derechos humanos de los pobres en México”.
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