La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado: Encinas
El subsecretario detalló que la Verdad Histórica fue una conclusión ajena a los hechos que obstruyó la justicia. Descartó que los estudiantes sigan con vida.
CoVAJ
Hay indicios suficientes para judicializar a 33 personas, entre ellas hay funcionarios. Encinas enfatizó que la CoVAJ siempre le dirá la verdad a las familias de los 43 "por más dolorosaque esta sea".
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Esa es la primera conclusión preliminar del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presentado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Además de informar que la desaparición fue un crimen de Estado y que la Verdad Histórica fue “una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos”, Encinas enfatizó que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida.
Arteramente asesinados
Además precisó que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas, a quienes se les llevan a cabo las diligencias judiciales correspondientes. Entre estas, hay funcionarios federales pero a pregunta expresa negó ue el expresidente Enrique Peña Nieto sea investigado.
Se informó que la CoVAJ viajó a Israel para entrevistarse con Tomás Zerón y le ofrecieron un criterio de oportunidad para que colabore en las investigaciones pero se negó.
Tres años de trabajos
El informe, que sintetiza tres años de trabajo de la comisión, fue dado a conocer a padres y madres de los estudiantes, así como a organizaciones civiles que los acompañan y a representantes de organismos internacionales antes de informarse a periodistas.
En él, se presenta un resumen de los trabajos que comenzaron el 3 de diciembre de 2018, cuando, por decreto, se creó la CoVAJ con el compromiso de conocer la verdad de lo sucedido, conocer el paradero de los estudiantes así como encontrar y procesar a los responsables.
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Las investigaciones de la CoVAJ se articularon en tres ejes: el acopio y procesamiento de la información, la búsqueda de campo y en romper el pacto de silencio.
Respecto al primer eje, acopio y procesamiento de la información, Encinas detalló que 15 instituciones proporcionaron información, se analizaron 41 mil 168 documentos y se analizaron llamadas y mensajes de 84 mil registros obtenidos de 17 mil números telefónicos diferentes.
En cuanto a la búsqueda de campo, detalló que se han realizado 101 acciones de búsqueda en 675 jornadas de trabajo; detalló que desde la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014, han sido hallados 245 cuerpos en Iguala sin que ninguno sea de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos.
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Independientemente a esos cuerpos, sólo se han reconocido plenamente los restos de tres estudiantes de los 43 desaparecidos.
Además, señaló que han muerto o han sido asesinadas 26 personas que proporcionaban información relevante para reconstruir los hechos.
Personas asesinadas.
Reconstrucción de los hechos
Los trabajos de la CoVAJ permitieron establecer que autoridades de los tres niveles de gobierno vigilaban las actividades de los estudiantes, incluso Sedena tenía al soldado Julio César López Patolzin infiltrado dentro de la escuela, con la labor de informar las actividades al interior de la normal rural de Ayotzinapa
De acuerdo con Encinas, López Patolzín desapareció junto con los 43 estudiantes en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, sin que sus superiores lo buscaran. El subsecretario asegura que de haberlo buscado como dictan los protocolos, se habría evitado la desaparición y el asesinato de los 43.
Contexto desaparición.
Tras ser detenidos en la llamada Noche de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición, y nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”.
Conclusiones del informe
Alejandro Encinas enfatizó que las conclusiones presentadas son preliminares, pues la investigación sigue abierta. Entre estas, además de reconocer que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado y que no hay indicios de que los estudiantes sigan con vida, desmanteló la llamada Verdad Histórica.
Se ocultó la verdad
Detalló que esta pretendió legitimar socialmente la verdad de los hechos, privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos. Esta narrativa forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad.
Sobre todo, subrayó que la Verdad histórica se sustentó en la información obtenida de una llamada telefónica del 25 de octubre, en la que se proporcionaron datos de “El Chereje” y “El “Pato”; en interrogatorios realizados mediante tortura; en dos diligencias ministeriales firmadas por la M.P. Blanca Alicia Bernal realizadas a la misma hora y el mismo día, una en la CDMX y otra en Guerrero. Así como en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan un abuso de poder”, detalla el informe. Además, la Verdad Histórica derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generó vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia.
Finalmente, en esa versión se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: la privación de la libertad; homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
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