Se empoderan política y económicamente Fuerzas Armadas con AMLO; 163 cargos públicos bajo su control
Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido históricamente opacas y el aumento presupuestal junto con la ampliación de su participación en el gobierno, ha hecho del proceso de militarización un gran negocio difícil de cuantificar.
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Como nunca antes en este gobierno encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han registrado el mayor empoderamiento político y económico que se haya observado y para muestra un botón: Al menos 163 cargos tanto en la Administración Pública Federal como en posiciones civiles de gobiernos subnacionales que correspondían a civiles, han sido ocupados por militares.
Las instituciones que han sufrido mayor captura administrativa por parte de militares son las secretarías de Seguridad Pública estatales y locales (51 cargos ), el Instituto Nacional de Migración (44), el ISSSTE (18), las aduanas (17) y la Administración Portuaria Integral (17).
Ello además de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también tiene tres militares entre sus mandos incluido su director, según detalla el Reporte de la organización “Signos Vitales” titulado Diagnóstico de México: obscuras perspectivas” conjuntamente con información del Observatorio de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas (OGN).
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El hecho de que las Fuerzas Armadas controlen de manera formal una serie de sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto –agrega--deriva de un creciente poder político por parte de los grupos castrenses.
Este reporte advierte el empoderamiento que han registrado las Fuerzas Armadas en este sexenio a través del aumento significativo en los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), el incremento de tareas delegadas en una gran variedad de áreas de política pública que atraviesan desde el control de puertos, aeropuertos y la construcción de megaproyectos de infraestructura hasta la intervención en la política científica y la política social del país.
Eso sin contar le traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena y la opacidad en los contratos públicos realizados por el ejército.
La organización integrada entre muchos otros por María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Alejandra Palacios, Federico Reyes Heroles, Salomón Chertorivsky, advierte que todas estas responsabilidades cedidas a las fuerzas armadas representan sectores estratégicos para el gobierno y para el Estado mexicano, especialmente las relacionadas con la seguridad interior, migración, puertos y aduanas que significan el control de entradas y salidas del país de personas y mercancías.
El hecho de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de estos sectores –agrega aumenta su imprescindibilidad y las empodera frente al poder civil.
“El control de la información y operatividad del Estado por parte de los militares puede implicar una mayor autonomía. De por sí, los militares se han negado a ser fiscalizados política y presupuestalmente”, establece
Fuerzas Armadas, el reino de la opacidad
El reporte considera que las Fuerzas Armadas mexicanas han sido históricamente opacas y el aumento presupuestal que vino aparejado de esta ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno, ha hecho del proceso de militarización– militarismo un gran negocio difícil de cuantificar.
“La Sedena y la Semar han logrado opacar miles de millones de pesos públicos a través de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y fideicomisos públicos”, sostiene
Además, han abusado de la normatividad relativa a la seguridad nacional y el acceso a la información para impedir ser fiscalizadas, como en cualquier democracia deberían estar.
Con base en el informe El negocio de la militarización, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), este reporte recordó que la Dirección General de Administración (DGA) de la Sedena, encargada de administrar y supervisar el presupuesto de la institución, ejerció, tan solo en 2019, 22 mil 741 millones de pesos, a pesar de que su presupuesto aprobado en el legislativo fue menor a los 8 mil millones de pesos.
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Esta práctica se repitió en 2020 y en 2021, cuando ejerció 26 mil 476 millones y 48 mil 741 millones de pesos respectivamente.
En ninguno de estos años el presupuesto que se había asignado en principio para la DGA había alcanzado los 8 mil millones, es decir que en este tiempo la DGA presentó, en promedio anual, sobre ejercicios equivalentes al 347%.
MUCD también mostró, en el mismo reporte, que la mayoría de este dinero se dirigió a la partida de aportaciones a fideicomisos públicos que, a pesar de no presentar recursos programados en el presupuesto, ha ejercido 81 mil 800 millones de pesos entre 2019 y 2021 que se dirigen al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), mismo que multiplicó su monto disponible a partir del inicio de este gobierno.
Militarización de la Guardia Nacional
Detalla que los ingresos del FPAPEM entre 2019 y 2021 equivalieron a 122 mil 510 millones de pesos.
Entre 2018 y 2021 el monto se multiplicó por 37. Los egresos del mismo fideicomiso entre 2020 y 2021 alcanzaron la cifra de 45 mil 336 millones de pesos.
Cabe mencionar que tan solo en el año 2021, cuando el FPAPEM reportó su máximo en rendimientos, estos equivalieron a 408 millones de pesos (MUCD, 2022).
Debido a la opacidad con la que se maneja este fideicomiso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la Sedena no ha registrado diversos contratos sobre obras públicas de manera correcta, sin tener medidas administrativas que remedien dichas irregularidades.
Una cantidad muy importante de recursos del FPAPEM se ha utilizado para la realización de los megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y hasta el Aeropuerto Internacional de Tulum sin necesidad de que esos gastos transiten por la Cámara de Diputados, responsable de la aprobación presupuestaria de cada año.
“Esto quiere decir que el gobierno de López Obrador ha explotado, quizá como ningún presidente anterior, las adecuaciones presupuestales para ejercer de manera absolutamente discrecional los recursos públicos del Estado mexicano”, sostiene
Además, la operación y administración de varios de los megaproyectos mencionados correrá a cargo de una empresa de la Sedena y el 75% de sus utilidades se dirigirá a pagar pensiones de soldados y marinos (MUCD, 2022).
En 2020, la Semar no organizó una sola licitación pública, adjudicó de manera directa 1 mil 900 millones de pesos (72% de su presupuesto) y otorgó 671 millones a través de invitaciones restringidas.
Aunado a lo anterior, este gobierno ha reservado información sobre asuntos de gran interés público que incluyen las grandes obras presidenciales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, los contratos relativos a la compra de vacunas contra COVID y otras enfermedades, los datos reales sobre las muertes a causa de la pandemia por CO-}
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