Los militares y la democracia
Existe en México una norma constitucional que asegura que los militares no se involucren en política o en las esferas de la vida civil. El artículo 129 de la constitución establece; “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Militares mexicanos
¿Cómo entonces justificar jurídicamente la decisión del presidente de involucrar a los militares en tareas propiamente civiles como la construcción de obras públicas, la dirección de aeropuertos y aduanas y la seguridad pública? Y ¿Qué decir del acuerdo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida la actuación de las fuerzas armadas en substitución de la policía?
Son evidentes atropellos a la constitución. La única explicación posible es extralegal: la política. El presidente busca conquistarse la simpatía de los militares para reforzar su gobierno unipersonal y autoritario; la SCJN, por su parte, se pliega dócilmente a la voluntad del ejecutivo de militarizar al país. Esta política aberrante tiene y tendrá consecuencias desastrosas para México.
El principio de control político de las fuerzas armadas tiene su raíz en el concepto de democracia representativa. Este principio se refiere a la supremacía de las instituciones civiles –que nacen de la soberanía popular—sobre el aparato encargado de las políticas de defensa incluyendo a sus jefes.
El control democrático de las FFAA es un proceso de ida y vuelta. En una democracia debe haber garantías constitucionales firmes que protejan al Estado –incluyendo las fuerzas amadas—de dos tipos de peligros potenciales: de políticos con ambiciones militares y de militares que tengan ambiciones políticas.
El ejército, dice AMLO, es “pueblo uniformado” y alude al origen revolucionario de aquel. El presidente ignora, por lo visto, lo que es, realmente, el ejército, desconoce su evolución a lo largo de un siglo, su organización autónoma, su cultura corporativa, su verdadero poder y su conducta --abierta o solapada.
En los tiempos pre-democráticos los militares participaron en política e hicieron negocios bajo la protección de los gobernantes. No olvidar que el sector militar del PRI desapareció en 1945 aunque varios militares continuaron en la grilla.
En el ciclo de industrialización el ejército actuó, según el caso, como instrumento disuasivo y represivo para controlar las protestas civiles: de trabajadores, campesinos y otros grupos sociales. La lista de masacres consumadas por los soldados es larga: 1941, 1942, 1946, 1952, 1956, 1958.
Entre 1960 y 1968 bajo la tutela de Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz se lanzó una campaña represiva contra las universidades y hubo ocupaciones militares en Durango, en las universidades de Sonora, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, entre otras, para culminar con la represión sangrienta que tuvo lugar en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
En la práctica, el ejército ha sido, sobre todo, una fuerza de represión contra civiles. Es una corporación hermética, que no rinde cuentas a ninguna instancia civil y afirma su identidad fomentando el desprecio y el odio de los soldados contra los civiles. La democracia nunca permeó entre las fuerzas armadas y nada hay más opuesto a la democracia que la subcultura militar donde se niega el libre albedrío y se razona, en todos sus niveles, de acuerdo a la lógica de mando-obediencia. La escolaridad de los soldados es mínima, lo suyo es la fuerza, no la inteligencia.
En estas condiciones ¿acaso no es una locura querer hacer que los soldados actúen como policías, sobre todo en el marco del nuevo modelo de impartición de justicia? Para ser policía federal se exigían estudios completos de licenciatura: ¿Qué preparación se pide a los miembros de la Guardia Nacional?
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