La labor de los operadores de justicia en materia de independencia judicial está en constante riesgo por presiones externas, entre ellas, por la pueden ejercer los partidos políticos, otros poderes, los presidentes de los países, medios de comunicación o crimen organizado y la limitación de sus presupuestos, entre otros, advierte un diagnóstico actualizado y preciso del estado que guarda la independencia judicial en América Latina.
En el marco de las actividades del Encuentro Jurídico Universitario, que anualmente realiza el Poder Judicial de la Federación, se presentó el libro: "Reporte Independencia de Operadores/as de Justicia en las Américas: Situación Regional y Desafíos de Defensa Democrática", por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico actualizado y preciso del estado que guarda la independencia judicial en América Latina, se advierte que la autonomía de este poder cambia con cada contexto político.
Nataly Ponce, directora ejecutiva del CEJA explicó que, si bien se han resuelto algunos problemas que enfrentaban las y los operadores de justicia en materia de independencia judicial, señaló que estudio concluye que existen causas que perjudican el trabajo cotidiano de estos funcionarios, que socavan la confianza en las instituciones de justicia y debilitan los sistemas democráticos de la región.
"El estudio identifica que hay afectaciones sutiles, casi invisibles, soterradas, en países que aparententemente son estables, pero que están carcomiendo, desde diferentes líneas e instituciones, la situación de las y los operadores de justicia”, comentó ante estudiantes de la carrera de derecho.
La abogada hizo énfasis sobre el riesgo que se debe cuidar en la selección de jueces y fiscales, en los procesos de ratificación de nombramientos o procesos disciplinarios que involucran a operadores de justicia.
En tanto,
Ponce indicó que el CEJA plantea una hoja de ruta con seis puntos, adaptables a la realidad de cada país, para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia: 1) Desarrollar más investigación sobre riesgos y afectaciones prácticas; 2) implementar políticas institucionales para aumentar la confianza y la legitimidad; 3) mejoramiento de los diseños técnicos y supervisión de los sistemas asociados a la línea de carrera; 4) incremento de las capacidades actitudinales y habilidades de los operadores de justicia; 5) elaborar estrategias para contrarrestar la corrupción en el trabajo de los operadores de justicia; y 6) establecer la capacitación como estrategia transversal de mejora de la independencia judicial, identificando y diseminando buenas prácticas y lecciones aprendidas.
En tanto,Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), indicó que la independencia judicial no es una cualidad dada una vez y para siempre, y no es que una vez que se logra se mantiene.
“La independencia judicial es contingente, cambia, tiene que ver con el contexto político, con las características de los actores, tiene que ver incluso con los nuevos desafíos”.
Fue enfática en decir que las y los operadores de justicia se enfrentan a presiones externas e internas que pueden vulnerar su independencia. "Entre las externas se encuentran: los partidos políticos, otros poderes, los presidentes de los países, medios de comunicación o crimen organizado, la limitación de sus presupuestos, entre otros".
Otros expertos coincidieron en que las interferencias internas contra los operadores judiciales son el "jefe superior o por sus propios pares".
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