Luego de que se diera conocer la versión de que un juez solicitó prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la conductora de televisión aseguró que “es completamente falso” y agregó que ninguna de las órdenes de aprehensión a que se hacen referencia es nueva, porque —dijo— está sustentado que dichos mandatos judiciales tienen más de un año y actualmente están siendo debatidos en los tribunales.
Gómez Mont respondió así a la afirmación del periódico Reforma sobre una nueva orden de aprehensión en su contra, con la que sumaría cuatro activas, tres de ellas por defraudación fiscal; ante el señalamiento, la exintegrante del programa Ventaneando recordó que la acusación en su contra no es por 3,000 millones de pesos, sino por 14 mdp, cargo del que se defiende actualmente porque es “una mentira”.
La conductora es buscada junto con su esposo Víctor Álvarez Puga por la FGR por los delitos de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3,000 millones de pesos, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.
La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.
Los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.
En 2016, la presentadora fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos (unos 130.000 dólares).
De ser encontrada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.
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